Trabajo se demora en fijar el criterio de calidad en la Ley de Dependencia
El retraso en el desarrollo normativo de la Ley de Dependencia puede frenar la creación de empleo en el sector. El Ministerio de Trabajo quiere dar aún un plazo de un año para que se fijen los criterios de calidad para acreditar los centros y los servicios de atención en todas las comunidades, así como para el empleo estable que se exigirá.
El Gobierno espera que el sector de atención a personas dependientes genere como mínimo 300.000 empleos hasta 2015, debido a la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. De hecho, la aceleración de esta norma es una de las recetas de los expertos para combatir la desaceleración de la economía española.
Sin embargo, el actual retraso con el que se está desarrollando normativamente esta ley puede dar al traste con los planes del Gobierno o, al menos, frenar sus expectativas de creación de empleo en el sector. Aún faltan por desarrollar dos normas esenciales para la plena puesta en marcha de la ley en todas las comunidades: el acuerdo que fije la acreditación de los centros, servicios y entidades; y el pacto que establezca el copago de los usuarios en función de su renta.
De momento, el Ministerio de Trabajo ha remitido a los agentes implicados el borrador de sus propuestas para el acuerdo sobre acreditación de los centros y servicios.
Es en este texto, al que tuvo acceso CincoDías, donde los responsables de Trabajo sugieren que 'en el plazo de doce meses el Consejo Territorial fijará los indicadores de calidad básicos' que servirán para homogeneizar las acreditaciones ya existentes y autorizar las nuevas.
Representantes empresariales del sector han criticado estos plazos al considerar que les impide planificar nuevas inversiones en centros que, ahora podrán recibir una acreditación provisional de la comunidad, pero desconocen qué requisitos se exigirán dentro de doce meses.
Otro de los aspectos que puede retrasar la creación de empleo en el sector se refiere al tipo de empleo que se generará. El borrador del Gobierno establece también un año para 'acordar los indicadores de calidad en el empleo que serán tenidos en cuenta para acreditar centros y servicios'.
Entre estos requisitos se tendrán que fijar la estabilidad que se exigirá a las plantillas, su formación, prevención de riesgos etc. Resolver qué porcentaje de empleo fijo se exigirá es 'esencial' según CC OO, ya que un problema clave del sector es la elevada rotación de sus plantillas, por lo duros que son la mayoría de estos trabajos.
En cualquier caso, los criterios de acreditación de los centros y servicios, que se negociarán con las comunidades durante un año, deberán fijar los recursos materiales y equipamientos que garanticen la prestación del servicio y los recursos humanos necesarios, 'en número y formación'.
Este borrador sí establece sus propuestas de titulaciones exigidas a los profesionales. Los directores de centros 'deberán contar, como mínimo, con titulación universitaria de grado medio y haber realizado formación complementaria en dependencia, geriatría o dirección de residencias'. A quienes dirigen ya un centro se les exigirán tres años de experiencia.
Los cuidadores, gerocultores o similares 'deberán tener la titulación oficial de Formación Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (...) o Técnico en Atención Sociosanitaria'.
Asimismo, el Ejecutivo propone que en 2011 el 35% de los cuidadores, gerocultores, asistentes personales y auxiliares de ayuda a domicilio cuenten con las titulaciones oficiales correspondientes. En 2015 este porcentaje se eleva al 70%. 'Estos porcentajes podrán reducirse un 50% si se acredita la no existencia de demandantes de empleo en las citadas titulaciones en la zona', indica el borrador.
Comunidades y agentes sociales están a la espera de ser convocados por el nuevo equipo del Ministerio de Trabajo para negociar este documento y, a partir de su firma empezarán a correr el los doce meses para todo.
Resoluciones 73%. Siete de cada diez grandes dependientes, que debían estar atendidos, tienen una prestación asignada, aunque parte de ellos está aún pendiente de recibirla.
Cataluña paga menos
En Cataluña se ha optado por reducir las prestaciones económicas vinculadas a los servicios de ayuda a domicilio y centros de día y mejorar las de los centros residenciales. Y Navarra estudia hacer compatible la ayuda económica al cuidador con algunos servicios.
Los sistemas de auditoría externa también se dilatan
El Ministerio de Trabajo no sólo propone el plazo de un año para negociar y aprobar los criterios de calidad que se exigirán para acreditar los centros y las prestaciones. También sugiere este mismo plazo para que se pongan en marcha 'sistemas de certificación, evaluación externa, auditoría de calidad, compromisos de plan de mejora etc.'El debate que surgirá al negociar esta materia será qué entidades serán las encargadas de realizar estas auditorías de calidad, que en teoría deberán ser carácter externo.El documento de propuestas de Trabajo para acreditar los centros también estipula que los ratios de profesionales que se exigirán por número de usuarios, se efectuará de forma progresiva, con un primer nivel de exigencia en 2011 y un segundo en 2015.Los responsables de Comisiones Obreras insisten en la importancia de fijar estos ratios ya que la principal característica del empleo en el sector es que es muy intensivo en mano de obra. 'Precisamente por eso, el principal indicador de calidad es el número de profesionales por usuario'.Si bien, todos estos indicadores de calidad dependerán también del futuro sistema de copago que se fije, ya que, cuanto más se optimice la financiación pública mejores serán los servicios.
Las regiones funcionan cada una por su cuenta
El borrador del Ministerio de Trabajo, además de fijar un año para aprobar los criterios de acreditación de los centros y servicios de atención a dependientes, permite a las comunidades seguir dando acreditaciones provisionales. El texto recoge un 'periodo transitorio', también de doce meses desde que se firme el acuerdo de acreditaciones, en el que las comunidades 'articularán fórmulas de habilitación provisional de los centros, servicios y entidades'. Esto supondrá una dispersión territorial importante, similar a la que ya existe en la acreditación actual de los centros que ya están en funcionamiento, antes de la ley. Y, añadirá nuevas dificultades para los empresarios que aseguran 'que no es puede trabajar con 17 marcos normativos diferentes'.Pero estos grandes distingos territoriales se están dando ya en los procesos de valoración de los dependientes, que han puesto en marcha todas las comunidades, y para los que la ley, en teoría, fija unos criterios comunes.Hay, sin embargo, varias excepciones. Por ejemplo, la ley dice que a todas las solicitudes de valoración les debe acompañar un informe médico elaborado por los facultativos del Sistema Nacional de Salud. Pues la Comunidad de Madrid permite que lo elabore un médico colegiado de una entidad privada.Algo similar ocurre en Murcia. La ley indica que las Administraciones Públicas no pueden delegar la valoración de los dependientes a entidades privadas; pero la consejería murciana competente ha suscrito un convenio con un Colegio profesional de fisioterapeutas, para que éstos (sin estar vinculados a la comunidad) vayan a hacer las evaluaciones a los domicilios.