Tareas pendientes
Aun Gobierno nuevo se le dan 100 días de gracia para que se asiente, cree sus equipos y comience a funcionar. Si el Gobierno repite la presión suele iniciarse antes porque, en su mayor parte, debe ser continuidad de lo anterior pero, en cualquier caso, en pocas semanas, la crítica (corrosiva o constructiva) empieza a funcionar para dar o quitar apoyo. La peor presión es la de quien mantiene planteamientos afines, porque en vez de apoyar y contribuir a la estabilidad suele hacer lo contrario, como decía Lenin respecto a su apoyo a los mencheviques: 'los sostendremos como la soga sostiene al ahorcado'.
Los gobiernos suelen priorizar su supervivencia, pues sin ella serían incapaces de materializar su programa o, al menos, una parte de él. La continuidad pasa por evitar situaciones que perjudiquen al conjunto de la población, como aumento del paro, el IPC, la inseguridad, presión fiscal, etc. La situación económica española, aún es aceptable, especialmente en términos comparativos, pero empieza a degradarse y los indicadores aconsejan actuar. El déficit exterior, la carencia -desigual- de infraestructuras de uso común, el diferencial adverso de precios de bienes de consumo, el cambio de tendencia en las cifras de desempleo y las implicaciones de la crisis inmobiliaria y financiera en EE UU configuran un panorama que aconseja actuar de modo corrector de algunas situaciones y preventivo de otras.
La orientación está recomendada en los informes periódicos de la OCDE y otras instituciones internacionales. La idea rectora es el impulso de la competitividad y del empleo. Para la primera ayudan medidas en línea con las adoptadas con éxito en 1985: fomentar la inversión con amortizaciones libres, más competencia en la distribución, simplificación administrativa, rapidez en la administración de justicia, poner el impuesto de sociedades en la media europea y eliminación de trabas al funcionamiento de los mercados. Este enfoque es el de la Comisión Europea que insta a una Better Regulation, donde no tienen cabida normas sin estudio de costes y mención de quienes deben asumirlos, sin demostración de que no pueden obtenerse los resultados esperados con la norma vigente, etc.
La pasada semana se explicitaron los supuestos que justifican las expropiaciones de terrenos a que hace referencia la Ley de Suelo. Esa posibilidad reduce el valor estimado de los solares y su capacidad de servir de garantía, lo que también es extensible a los supuestos en que incurren los pisos susceptibles de ser alquilados por la Administración catalana pertinente. En ambos casos hay medidas menos drásticas de conseguir los mismos fines, como la rapidez en el desahucio pero afectan a los medios de la Administración de Justicia que no se improvisan.
Un país que crece debe tener la espalda cubierta. Si se piensa en las obligaciones de cumplimiento innecesarias, las inspecciones reiteradas, las certificaciones -cada vez más variadas y exigentes- y la proliferación de normas ya asusta, pero si se padece se entiende el crecimiento de la inversión en el extranjero. La tranquilidad debe estar dentro de los centros productivos y aquí, aunque es poco cortés mencionarlo, el oportunismo crece en forma de incapacidad transitoria que perjudica a los compañeros, la empresa, los clientes y al erario público. Un pacto sobre el tema permitiría, sin necesidad de más inversión, incrementar el PIB en una cifra apreciable. Esta situación afecta al sector público tanto o más que al privado con implicaciones negativas en la seguridad y la calidad del servicio. Si se consigue que prácticas como la rapidez de obtención de pasaporte, o renovación del carné de conducir, se extiendan a todos los ámbitos mejoraría la calidad de vida y la eficiencia.
La situación inmediata está dominada por la carencia de liquidez y dificultades de pago de las hipotecas, que afectaría a la solvencia. Los créditos de calidad deberían poder redescontarse en el BCE. Caso de no ser así habría que buscar un mecanismo similar para títulos de deuda solventes y aplicar tipos de interés superiores al del mercado. Para prevenir dificultades de las familias convendría, por tiempo limitado y para familias con hipotecas de más de un año y rentas bajas o medias, tener una mayor deducción fiscal.
Se ha recomendado reiteradamente el aumento de la inversión pública para suplir el descenso de actividad de la construcción de viviendas. La inversión es una medida para el crecimiento, no para la gestión de coyuntura, y debe hacerse con rigor y donde tenga más impacto favorable, directo y, especialmente, inducido. Las tentaciones de repartir dinero gratis o de mantener tipos de interés artificialmente bajos dan lugar a distorsiones y problemas sin atajar la fuente de las dificultades. Un Gobierno con pretensión de permanencia debe actuar en lo inmediato pero pensando en el largo plazo y descartar los fuegos de artificio.
Joaquín Trigo Portela, Director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional