Las comunidades se enfrentan en la UE por la fiscalidad vasca
La defensa de la fiscalidad vasca ante el Tribunal de la UE por parte de la abogacía del Estado sirvió ayer para ensanchar la brecha abierta entre diferentes comunidades españolas. La Corte europea debe medir la capacidad de gestión de las haciendas vascas en materia de tributos, especialmente en lo relativo al impuesto de sociedades.
En la vista de ayer en Luxemburgo para aportar argumentaciones que sirvan de soporte en la defensa del Concierto Económico, el sistema que regula las relaciones tributarias entre las haciendas vascas y la Administración central y que está consagrado por la Constitución, se repartieron varios papeles.
La Comisión Europea, en línea con las tesis sostenidas por la Junta de Castilla y León y el Gobierno de La Rioja, defendió que la fiscalidad cuestionada (vacaciones y créditos tributarios, además de tipos impositivos menores que los de territorio común) no cumple en todos sus términos con la doctrina emanada de una sentencia anterior sobre el régimen fiscal de Las Azores. Este dictamen marcó el campo de juego sobre el que se deben mover las autonomías o regiones con capacidad de gestión tributaria. Así, intentó demostrar que el régimen vasco no tiene ni autonomía de procedimiento ni económico financiera respecto de las instituciones del Estado.
En el papel contrario se situaron las haciendas vascas y el Ejecutivo de Euskadi, apoyados, entre otros, por los abogados de Reino Unido. Los letrados británicos, que defienden para territorios como Escocia un sistema similar al del País Vasco, reprocharon a la Comisión que, según su interpretación, ninguna región europea podría tener un régimen fiscal propio, tal y como se admitió en la sentencia sobre Las Azores.
El juez dice que no hay vinculación directa entre el cupo y la graduación fiscal
Optimismo
En el medio, pero basculando hacia las tesis vascas, se ubicó el abogado del Estado español. Su actuación, reprendida por responsables de la Junta de Castilla y León y La Rioja, defendió el Concierto, una actuación que recogió el aplauso de las instituciones vascas que, sin embargo, se lamentaron que la actuación de 'algunos gobiernos regionales' de España desemboquen en el Tribunal de Luxemburgo. Idoia Zenarruzabeitia, vicelendakari del Gobierno de Euskadi, institución que no tiene capacidad normativa ya que esta potestad le corresponde a las haciendas forales pero que ejerce cierta influencia, consideró 'correcta' la intervención del representante del Estado. En general, mostraron su optimismo y confiaron en resolución favorable a sus intereses.
Pero, quizás, el mayor apoyo a las tesis vascas se produjo por parte del juez ponente, Allan Rosas. El magistrado, que dirigió la vista, destacó que no hay 'una vinculación directa entre Cupo lo que deben aportar las haciendas vascas para las cargas del Estado y las competencias no asumidas y la imposición fiscal'.
Abundó en el asunto para cuestionar las argumentaciones de la Comisión y aseguró que una reducción de impuestos no debe implicar necesariamente una reducción de la recaudación.
El ponente preguntó a la Comisión por qué admite la diversidad en los sistemas tributarios locales y no en los autonómicos. El Ejecutivo comunitario quiso zanjar esta cuestión al señalar que, en el caso español, se produce una asimetría fiscal entre las comunidades autónomas.
El próximo 15 de mayo se conocerá por dónde puede discurrir el dictamen judicial sobre la fiscalidad vasca.
En esa fecha la abogada general, Juliane Kokott, que ayer no realizó ni una sola pregunta, presentará su informe final.