Y de la energía, ¿qué?
Sigue el diluvio de propuestas ofrecidas por los partidos políticos contendientes en las elecciones generales del próximo 9 de marzo. Cada día a la busca del voto perdido los líderes comparecen con nuevas dádivas de recortes fiscales, educativas, para los jóvenes, para los mayores, para las mujeres, para los alopécicos, para los sin vivienda, para los autónomos, para los contratados temporales, para los regantes, para los ecologistas y así sucesivamente. Tenemos superávit y se diría que la bolsa es interminable. Entonces se comprende mal por qué, por ejemplo, los jueces de primera instancia siguen con un salario neto de 3.700 euros al mes mientras otros privilegiados funcionarios, los 1.200 integrados en el cuerpo de registradores de la propiedad, ingresan un promedio bruto mensual de 100.000 euros, sin que se atisben medidas de redistribución de tal agravio comparativo.
La inundación propositiva parece fuera de todo hilo conductor y cuestiones básicas como la de la energía apenas reciben atención en los programas oficiales de los partidos políticos. Por eso, cobran mayor relevancia las Reflexiones y propuestas para la próxima legislatura que acaba de lanzar el Círculo de Empresarios. Allí se explica que uno de los factores productivos con más impacto en el crecimiento de una economía es la energía y se enumeran algunos de los condicionantes a los que nos enfrentamos: dependencia enorme del exterior, compromisos medioambientales adquiridos con la comunidad internacional e impacto de las condiciones climatológicas de nuestro territorio.
El Círculo de Empresarios sostiene que en el ámbito de la producción y suministro de energía eléctrica necesitamos de un mix de generación que permita compatibilizar varios objetivos: seguridad en el suministro, eficiencia económica y sostenibilidad medioambiental. Por eso, a su entender la estrategia eléctrica debería definirse a través de un pacto regulatorio entre partidos que garantizara estabilidad y seguridad a largo plazo, habida cuenta de que el planeamiento en este sector requiere calendarios mucho más amplios que el cuatrienio de una legislatura y que convendría dejarlo al margen de la alternancia en el gobierno. Además el proceso de liberalización del sector obligaría a revisar el sistema tarifario y una organización del mercado que elimine trabas administrativas y distorsiones en los precios. Esta es la única alusión al déficit tarifario acumulado por no repercutir al consumidor los verdaderos costes, que supone ya 6.500 millones de euros titulizados y lo que siga añadiéndose.
Aquí la energía carece de calificación de sector estratégico, somos más liberales y apostamos por el viento
En el ámbito de la generación, las cabezas pensantes del empresariado ponderan la promoción de las tecnologías renovables -eólica, solar, hidráulica, biomasa- por su contribución a una mayor independencia energética pero dejan claro que el apoyo que reciben con cargo al erario público debe ser transitorio y transparente. En su opinión debe asignarse bajo las reglas de la competencia y con un horizonte temporal bien definido y mecanismos claros para fijar los precios. Además se pronuncian a favor de la energía nuclear como un elemento clave para garantizar el suministro y dar cumplimiento a los compromisos medioambientales asumidos por nuestro país. Insisten en que deberíamos aproximarnos a estas tecnologías sin prejuicios ni tabúes y que se impone cooperar con otros países en la búsqueda de soluciones a los problemas pendientes de resolver. En consecuencia se inclina por el alargamiento de la vida de nuestras centrales nucleares, que en estos momentos aportan el 20% de la energía eléctrica de nuestro país, y su sustitución por otras acordes con los últimos adelantos técnicos.
Porque mientras prevalezcan las inercias mentales asistiremos a declaraciones como las formuladas el miércoles por el presidente de æpermil;lectricité de France (EDF) donde confirma el interés por Iberdrola y el compromiso de respetar el criterio que fije el Gobierno. Un interés que no puede ser correspondido porque bajo la vigente ley del embudo nuestras eléctricas no pueden interesarse en la compra de EDF por ser una empresa pública y haber definido Francia la energía como un sector estratégico al abrigo de esas operaciones. Aquí la energía carece de esa calificación, somos más liberales, apostamos por los molinos de viento y las placas solares y para el caso de que se escaparan radiaciones de las vecinas centrales nucleares francesas, que proporcionan el 70% de la energía eléctrica y que nadie cuestiona, contamos con la guardia civil para detenerlas en la raya de la frontera.
Miguel Ángel Aguilar Periodista