El Tribunal de la UE se pronuncia sobre la ley española anti-EDF
La medida se aprobó de manera apresurada (iba incorporada a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para el año 2000) ante la ofensiva del gigante público francés æpermil;lectricité de France, que aspiraba entonces a entrar en el capital de Hidrocantábrico.
La esperada sentencia llega, sin embargo, en plena efervescencia del mercado por el interés de EDF en Iberdrola. También han cambiado las relaciones entre Moncloa y el Elíseo, con un presidente francés, Nicolas Sarkozy, dispuesto a impulsar la interconexión eléctrica con España, una prioridad absoluta para el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.
La sentencia, al menos, intentará zanjar el largo conflicto entre Madrid y Bruselas. La Comisión Europea dictaminó en contra de la ley Rato en 2003 y exigió su retirada. España aceptó modificarla ligeramente, pero el organismo comunitario consideró que los cambios seguían otorgando a las autoridades nacionales un poder excesivamente discrecional.
El Gobierno se arrogaba, en concreto, el derecho a reconocer o no los derechos políticos en las empresas energéticas de un accionista con capital público. Las negociaciones entre las dos partes resultaron infructuosas. Y el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, decidió en 2006 denunciar a España ante el Tribunal de la UE.
Restricción injustificada, según la CE
España invoca la seguridad del suministro como razón para someter a una vigilancia especial a los inversores con capital público en el mercado energético. Pero la Comisión Europea señala en su recurso ante el Tribunal de la UE contra la ley Rato que 'el hecho de que las entidades que toman el control o adquieren una participación significativa en una empresa energética española estén controladas por una administración pública no comporta un riesgo adicional para las seguridad del suministro'. Bruselas considera por tanto injustificadas las restricciones.