Comisión Europea

La UE critica el modelo español de notarios y registradores

La Comisión Europea arremetió ayer contra el llamado sistema continental de escrituración de propiedades, al que acusa de encarecer los costes de la compra y venta de viviendas y de las hipotecas en países como España. Bruselas pide a las autoridades nacionales, entre ellas, al Gobierno español, que liberalicen esa actividad para propiciar una rebaja de las tarifas.

La petición coincide con la publicación de un estudio en cargado por la CE sobre los servicios de escrituración en la Unión Europea, un mercado valorado en 17.000 millones de euros anuales. El informe, elaborado por la universidad de Bremen, concluye que los servicios legales asociados a la compra y venta en el sector inmobiliario son más baratos en los países donde no está regulado ese mercado. Y ofrecen la misma calidad.

'No es ninguna sorpresa', señaló el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy. Y para la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, el estudio confirma 'con pruebas económicas que los sistemas altamente regulados no son mejores para los consumidores'.

El estudio distingue cuatro modelos de escrituración, entre los cuales, el latino, basado en notarios y registradores de la propiedad, se caracteriza por restricciones en la prestación del servicio (números clausus y demarcaciones territoriales), tarifas fijas y una reglamentación muy estricta.

Tras someter cada modelo a un análisis legal, el informe concluye que 'la mayoría de los argumentos para defender las restricciones no parecen justificadas'. Y desde el punto de vista económico, 'el nivel alto de regulación suele ir asociado con precios más altos sin aparejar una mayor calidad'.

El Consejo General del Notariado español criticó ayer duramente la metodología del informe de Bruselas.

10.000 euros más que en Gran Bretaña

El coste de una operación inmobiliaria (sin hipoteca) de 100.000 euros acarrea en Inglaterra (con un sistema de escrituración liberalizado) unos gastos de poco más de 3.100 euros, según el estudio encargado por la Comisión Europea. En España, la misma operación cuesta 13.600 euros. La diferencia, sin embargo, no se debe a los costes legales (que en España sólo son de 479 euros más 129 del registrador de la propiedad) sino a los impuestos (7.000 euros para la operación mencionada) y a la factura de la agencia inmobiliaria (6.000).