Transporte y construcción reducirán emisiones un 10%
Se subastará el 60% de los derechos de CO2
Esfuerzo extra para reducir la contaminación. La nueva directiva de medidas energéticas de la UE establece como objetivo vinculante para España una reducción del 10% de la emisión de gases contaminantes en los llamados sectores difusos.
Bajo este nombre se agrupan los sectores que no estaban sujetos a la anterior directiva de comercio de derechos de emisiones. Es decir, no tenían un tope máximo de toneladas de CO2 y suponían el 60% de las emisiones de la UE. Aquí se incluyen, entre otros, el transporte, la construcción o la agricultura, obligados a partir de 2013 a introducir medidas que eviten la contaminación.
Este recorte está en la media de los países de la Unión. Irlanda, Dinamarca y Luxemburgo asumen la mayor carga, con una reducción de la contaminación del 20%. En cambio, países como Bulgaria y Rumanía podrán aumentar sus emisiones un 20% y un 19% respectivamente en relación con los niveles de 2005 para continuar con su desarrollo.
A las industrias que tradicionalmente estaban sujetas al comercio de derechos se les unen ahora, con esta nueva normativa, los sectores del aluminio, el petroquímico y, próximamente, el aeronáutico. Estas empresas dejan de estar sujetas a los objetivos de reducción por países para agruparse bajo la única meta de reducción del 21%, respecto de las emisiones de 2005, para toda la UE. Los planes de asignación de derechos por países desaparecen en aras de esta reducción común.
Los ministros de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y de Industria, Joan Clos, valoraron ayer positivamente este objetivo común para las empresas. Entendieron ambos que la UE ha tenido en cuenta los criterios 'de equidad' defendidos por España a la hora de repartir los esfuerzos y aseguraron que las empresas españolas no estarán así 'discriminadas' respecto a las de otros países al fijar los techos de emisión de gases de efecto invernadero.
Uno de los cambios más polémicos que ha introducido esta Directiva es la reducción de la cantidad de derechos de emisión de CO2 gratuitos a disposición de las empresas. El primer objetivo de Bruselas era la desaparición total de esta gratuidad y que los sectores compraran su derecho a contaminar en subastas nacionales.
La UE ha introducido finalmente una excepción que implica que habrá derechos gratuitos para ciertos sectores en los que el consumo de electricidad es especialmente sensible para su producción a fin de evitar la deslocalización. Bruselas aún tiene que negociar quiénes son estos sectores.
Subasta nacional
En 2020, habrá disponibles para la subasta unos 1.720 millones de toneladas de derechos de CO2, un 21% menos que en 2005. Esta cantidad se repartirá entre los Estados miembros que subastarán los derechos entre empresas como las eléctricas, que no recibirán cuotas gratuitas. Aunque aún no está decidido qué cantidad irá para cada país, Cristina Narbona avanzó ayer que España 'recibirá más derechos de emisión que el 90% de los países de la Unión Europea'.
La UE recomienda que el 20% de los beneficios obtenidos en estas pujas se dediquen a políticas medioambientales y medidas de impacto social.