El Ecofin alerta sobre el impacto a largo plazo de la inmigración en los costes sociales
Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) mantuvieron ayer un 'animado debate', según lo describió el titular español, Pedro Solbes, sobre el impacto de la inmigración en las finanzas públicas de un país.
La discusión tomó como punto de partida un estudio del departamento del comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, que recuerda que 'los trabajadores inmigrantes también obtienen derechos futuros que pueden recibir tanto en el Estado miembro (donde han cotizado) como en el país de origen, porque muchos acuerdos bilaterales así lo reconocen'.
Los documentos del Ecofin al respecto señalaron, probablemente por primera vez de manera oficial y tan contundente, que 'los inmigrantes pueden contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones de pago a cuenta, pero sólo a corto y medio plazo porque con el tiempo también acumulan derechos a pensión'.
La UE no dispone aún de estimaciones sobre el coste que puede suponer la jubilación de la población extracomunitaria. Pero la factura puede ser abultada porque la mayor parte del incremento de población en Europa se debe a la inmigración (1,6 millones de habitantes en 2006 para un aumento total de 2,1 millones). Y se calcula que Europa necesitará hasta 2050 más de 40 millones de trabajadores de terceros países para atender las necesidades de su mercado laboral.
Solbes cree que cada país de la UE 'deberá hacer cálculos actuariales' sobre el posible impacto en las cuentas públicas de ese estrato de población. El vicepresidente del Gobierno señaló que España recibe en estos momentos un 40% de los flujos migratorios que llegan a la UE. 'La mejora de la producción no debe hacernos olvidar las obligaciones a largo plazo', advirtió Solbes.