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Columna
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La 'ley Volkswagen', otro incumplimiento

El Tribunal Europeo ha dado esta semana un bofetón al Gobierno federal alemán y a la región de Baja Sajonia por querer tener demasiada influencia en el capital de Volkswagen. Tras la privatización de esta empresa en 1960, estas instituciones públicas se reservaron varias prerrogativas cuyo efecto era impedir que cualquier inversor pudiera controlar Volkswagen. La Comisión, en 2005, y ahora el Tribunal Europeo les ha venido a decir que dichas prerrogativas son ilegales por ser contrarias a la libre circulación de capitales dentro de la Unión Europea, es decir, impiden que un francés o un español puedan invertir en esta empresa.

¿A alguien le suena este tipo de medidas proteccionistas? Pues sí, los ejemplos sobran. Italia impidió que la francesa EDF pudiera controlar la eléctrica italiana Edisson argumentando que las empresas italianas no podían entrar en el mercado energético francés (al final Italia fue condenada por el Tribunal Europeo). También Italia hizo lo imposible para impedir la adquisición de la Banca Nazionale del Lavoro por parte del BBVA. Más reciente y cercano fue el caso de Endesa, donde el Gobierno español se desvivió para que la alemana Eon no pudiera adquirir la eléctrica española.

¿Cómo podía Alemania quejarse ante la actitud de España si ahora ha sido condenada por una conducta muy similar? Países como Francia, Alemania, Italia o España ponen el grito en el cielo cada vez que sus empresas no pueden entrar en otros Estados miembros. Mientras tanto, afrontan reveses judiciales por su conducta contraria al mercado único con un desparpajo singular, reprochan a países comercialmente más abiertos, como Reino Unido, su falta de espíritu comunitario, se lamentan en sus reuniones en Bruselas sobre la pérdida de competitividad europea y la necesidad de adoptar agendas políticas con objetivos cuasi místicos, acuden a consejos de administración de empresas de las que hace tiempo tendrían que haber salido, nombran gerentes en estas empresas pseudoprivadas por el color de su pasaporte o, peor, por el de su carné, jalean a sus ciudadanos ante lo que presentan como un ataque contra los intereses nacionales y modifican fusiones con alternativas tan complicadas como poco prácticas.

Muchos ciudadanos asisten incrédulos y desmoralizados a este desfile de incumplimientos que contrasta con el clima de construcción comunitaria que existía hace tan sólo unos años. Sentencias como la de Volkswagen dejan una impresión de que esta especie de picaresca internacional es rentable. Al final los ciudadanos justifican estas medidas ilegales con el consabido argumento de: 'pues anda que ellos'. No obstante, este proteccionismo, sea alemán o español, perjudica a quien dicen querer proteger. Ningún ciudadano en su sano juicio le importa a quién pertenezca la central que produce electricidad ni el capital que hay detrás de un fabricante de coches. El ciudadano lo que quiere es una electricidad más barata y un coche mejor por menos dinero.

Es cierto que la UE carece de un mecanismo más ágil que permita a la Comisión actuar de manera enérgica contra Estados miembros que incumplan la normativa comunitaria. Estos países logran enzarzarse en un procedimiento judicial que dura al menos tres años y al final no parece que pase nada.

No obstante, estos incumplimientos no salen gratis. Por ejemplo, la Comisión viene de abrir un procedimiento (otro más) contra España por las desgravaciones de fondo de comercio que España otorga a las inversiones en el extranjero. Estos beneficios cuya legalidad ahora cuestiona la Comisión fueron de gran ayuda a más de una empresa Española que invirtió en el resto de la UE. Pues bien, el procedimiento de la Comisión podría salir caro a más de una de estas empresas. ¿Con qué cara va a negociar España con la Comisión una salida razonable? ¿Qué reputación le queda a un país que lleva varios años ninguneando al Ejecutivo comunitario tras enfangarse en una estrategia proteccionista y contraria a los principios comunitarios? Aunque sólo sea por eso, valdría la pena estar a bien con la Comisión que, con sus defectos, es el único organismo en Europa que hoy por hoy intenta garantizar que políticos ávidos de poder no se carguen uno de los mayores logros del siglo pasado.

Álvaro Ramos

Asociado de Howrey LLP

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