Responsabilidad a alta velocidad

Los barceloneses tienen toda la razón para estar enfadados por los percances que vienen sufriendo en los últimos meses derivados de las infraestructuras del transporte. La paralización de tres líneas de Cercanías y una de los Ferrocarriles de la Generalitat, afectadas por las obras del AVE, es un episodio más. Resulta de escasas miras que el debate político se desvíe a si finalmente la línea se inaugurará o no el 21 de diciembre, como prometió el presidente del Gobierno. La seguridad de los viajeros y los trabajadores debe prevalecer a expensas de demorar unas semanas -las necesarias- la puesta en marcha. No parece que eso vaya a suponer un gran fracaso, pues el proyecto acumula ya notables retrasos.

Además de la seguridad, la prioridad debe estar en minimizar las molestias y los percances económicos que la mala planificación de las obras puedan causar no sólo a los viajeros, sino también a la actividad de las empresas a las que muchos de ellos se dirigen cada mañana. Al margen de la responsabilidad que tenga en la planificación de las obras, ni el Ministerio de Fomento ni ningún otro organismo de la Administración central o autonómica ha asumido la responsabilidad de explicar, sin tapujos, los serios inconvenientes que lleva aparejados una obra de esta complejidad, con realismo y, sobre todo, con unos plazos flexibles.

Si, por otra parte, existen indicios de responsabilidad de alguna empresa en los retrasos, por negligencia o por la causa que sea, la obligación del Gobierno es intervenir. Víctor Morlán, secretario de Estado de Infraestructuras, anunció ayer que se preparan reclamaciones contra OHL por los retrasos continuados. Son responsabilidades que, de demostrarse, se deben depurar. Es de esperar que, tarde o temprano, los innegables beneficios del AVE paguen la enorme paciencia de los barceloneses y que políticos y empresa saquen conclusiones de este mal trago.