La abogacía española espera un incremento exponencial de los litigios medioambientales
Los litigios sobre conservación de la naturaleza, prevención de ruidos, gestión de residuos u ordenación del territorio aumentarán en España a medida que el ciudadano conozca su nuevo derecho a reclamar ante la justicia el respeto a sus intereses medioambientales. Para acelerar ese proceso, el Consejo General de la Abogacía Española y la Asociación para la Justicia Ambiental (Ajá!, según su acrónimo), presentaron la semana pasada en Bruselas una Guía destinada a convertirse en el imprescindible manual para los litigios verdes en España.
La vía judicial quedó expedita en España en marzo de 2005, con la ratificación del Convenio de Aarhus, un acuerdo internacional sobre el acceso del público a la información y la toma de decisiones en materia de medio ambiente. Desde octubre del año pasado, una ley regula 'el acceso a a la justicia y a la tutela administrativa' en esos asuntos.
Aún así, los litigios no se han generalizado todavía porque, como explica gráficamente el abogado José Manuel Marraco, 'en España nos encontramos siempre con el final de la tubería'. Marraco, que acudió al acto de presentación en su calidad de editor de la Guía, cree que 'no se recurre hasta que no se está sufriendo olores, humo, polvo u otros inconvenientes'.
Frente a esa pasividad, Marraco recomienda que el ciudadano se dirija a la administración competente tan pronto como perciba una remoción de tierras que le inquiete. Y que exija, llegado el caso, la información precisa sobre el objetivo de las obras y la elección del trazado o ubicación de la infraestructura a construir.
La Guía recuerda, además, que la nueva legislación contempla la 'acción popular', que otorga a las personas jurídicas sin ánimo de lucro, como las ONG, el derecho a recurrir.
Marraco reconoce que las nuevas normas pueden provocar una judicialización de la actividad económica. Pero cree que la respuesta debe ser una 'justicia que medie y agilice, y dotada de los medios necesarios'.