Por la senda del equilibrio
Si se cumplen las previsiones, 2007 será el tercer año en el que los ingresos de la econo-mía española superarán a los gastos. Ahora viene la decisión más difícil, si se debe gastar el superávit o guardarlo ante el cambio de ciclo. Gobierno y expertos discrepan sobre el destino de ese dinero.
Las consecuencias de las crisis de las hipotecas subprime, por la vía de la pérdida de confianza de los inversores y de los agentes económicos, son un menor crecimiento de la economía mundial, la sustitución del llamado efecto riqueza por el de precaución y un nuevo escenario de endurecimiento de las condiciones de los créditos financieros.
Todo ello tendrá consecuencias en nuestra economía, que debe buscar en el exterior financiar nada menos que el 9% de su cifra de PIB, es decir, unos 90.000 millones de euros. Además, las nuevas condiciones de financiación tendrán repercusión en la inversión en equipamiento de las empresas y en el ajuste del gasto de las familias en vivienda y en consumo.
Si bien en términos de promedio anual la economía española en 2008 perderá un punto porcentual de crecimiento del PIB, nuestro ritmo de avance puede ser al inicio de 2009 la mitad del de 2007. Por lo tanto, debemos afrontar prudentemente dos ejercicios, 2008 y 2009, de menor actividad económica, por debajo de nuestro potencial, y por lo tanto, con una creación de empleo inferior al aumento de la población activa.
Estamos ante el momento idóneo para reducir las cargas sociales de las empresas
El menor incremento de la ocupación retroalimentará las consecuencias de la crisis en nuestra economía, por lo que se convierte en el objetivo principal de la política económica. Dado que la política monetaria está en manos del BCE y por pertenecer al euro no tenemos posibilidades de ajustes cambiarios, el instrumento principal de nuestra política económica es el Presupuesto, en su doble vertiente de ingresos (tributos) y gastos.
En este sentido, conviene destacar la importancia de mantener el equilibrio presupuestario, planteamiento en que han confluido Gobiernos de distinto signo político. La estabilidad presupuestaria contribuye al crecimiento económico, impide la acumulación de deuda pública, disminuye la prima de riesgo y mejora el funcionamiento del sector público, donde cada aumento de gasto ha de ir acompañado de su correspondiente aumento de ingresos.
El año 2007 será el tercero en el que la economía española logre un superávit presupuestario. Sin embargo, el optimismo y satisfacción que suponen estos favorables datos de las cuentas del sector público deben ser matizados, por una razón. Y es que el superávit público logrado en los últimos años y los previstos para los próximos años se deben en buena medida a los excelentes resultados obtenidos en las arcas de la Seguridad Social, que al fin y al cabo es un sistema de protección social. El superávit obtenido por el Estado y el previsto para los ejercicios siguientes para este ente y demás Administraciones públicas supone una cifra positiva, aunque modesta.
El superávit de la Seguridad Social de los últimos años, al que ha contribuido la notable creación de empleo, ha permitido engrosar el fondo de reserva de las pensiones significativamente. En consecuencia, ahora que la economía se enfrenta a un escenario de desaceleración económica y menor dinamismo de la ocupación, estamos ante el momento idóneo para reducir las cargas sociales de las empresas, más altas que el promedio de los países de la OCDE, con el fin de sostener la creación de empleo.
La aprobación por ley de una serie de políticas que incrementan el gasto social compromete la sostenibilidad del equilibrio presupuestario por el que tanto nos hemos esforzado y que ha dado tan buenos resultados. La desaceleración económica traerá también menores ingresos públicos. Además, el aumento del gasto social supone un compromiso de gasto para los años siguientes que reduce el margen del superávit presupuestario para incrementar las inversiones públicas en infraestructuras. Inversiones que son fundamentales para aumentar la productividad y mejorar la competitividad del tejido empresarial español. Igualmente, afecta a la necesidad de reducción de impuestos. Todo ello, con el objetivo último de favorecer la creación de empleo, que es, al fin y al cabo, el elemento fundamental para que la economía española continúe creciendo a un ritmo superior al de nuestros socios europeos y sea capaz de afrontar el escenario de incertidumbre internacional.
En definitiva, en un contexto de expectativas de desaceleración económica, con un entorno internacional de incertidumbre, los presupuestos de las Administraciones públicas deberían seguir la senda del equilibrio presupuestario, al mismo tiempo que deberían incidir en aquellas políticas de gasto que impulsen la productividad y la competitividad de las empresas, para el mejor desarrollo de su actividad, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Así, la economía española podrá mantenerse como una de las más dinámicas de Europa.
Enrique de la Lama-Noriega Cardús. Director de Economía de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)