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Vender un peine a un calvo

Nuño Rodrigo

La vuelta al trabajo, además de la consabida depresión posvacacional y de los anuncios televisivos de fascículos inverosímiles, ha traído este año un inusitado esfuerzo de colocación en dos de las mayores entidades financieras del panorama español, Santander y La Caixa. Ambas están tirando de la red de oficinas para colocar productos con los que financiar operaciones, una práctica totalmente legítima pero que debería poner en guardia al inversor particular.

Este diario ya señaló el pasado sábado las dudosas virtudes de la emisión de deuda del Santander, pues vende títulos que no son líquidos y que, pese a asemejarse a la renta fija, en realidad es un compromiso de compra futura de acciones. Con la desventaja de ser menos rentable que una inversión normal y corriente en valores y el añadido de que, sobre el papel, el banco no garantiza el pago del cupón. La CNMV avisó ayer sobre las condiciones de esta venta de títulos.

La Caixa está en medio de otra gran operación, en este caso la salida a Bolsa de Criteria. Ha cubierto fácilmente la demanda pero, por si acaso algún cliente se ha pillado los dedos con las vacaciones, ofrece comprar a crédito, a un tipo de interés del euribor más un punto. A los niveles actuales de euribor, eso supone un interés del 5,72% anual, más o menos lo que se prevé vaya a ingresar cada año el inversor particular por la vía del dividendo de Criteria.

Obviamente, cada ahorrador es el único responsable de dónde mete su dinero; si en fondos, depósitos, acciones, sellos o debajo del colchón. Si el inversor se buscase destino para sus ahorros con más ahínco, las redes comerciales de la banca no apretarían tanto en sus campañas, y quizá no presionasen tanto a sus trabajadores para obtener objetivos de captación que nada tienen que ver con el interés del cliente. Bastaría un poco de sentido común. Bastaría simplemente que el inversor se plantease cómo es posible que, de golpe y porrazo, una inversión sea la mejor y menos arriesgada para todo el mundo.

Teóricamente, la directiva MiFiD, que se aprobará próximamente en España, garantiza que la comercialización de servicios financieros se ajusta a las necesidades y conocimientos del cliente. Ojalá sea así.

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