Los asesores de la CE piden más transparencia en las limitaciones al voto
El grupo de alto nivel que asesora a la CE en materia de buen gobierno ha propuesto al Ejecutivo comunitario que introduzca las medidas necesarias para mejorar la transparencia de las empresas que limitan el derecho de voto de sus accionistas poniendo trabas al principio de gobierno corporativo de que cada acción equivale a un voto.
La CE sigue alimentando el debate de la importancia o no de que las empresas apliquen el principio de una acción, un voto. Mientras, Endesa allana el camino para eliminar de sus estatutos la limitación del derecho de voto al 10%, que es el más común de los blindajes estatutarios usados en España.
La decisión apartará a la eléctrica del club en el que se mantienen aún otras grandes empresas españolas como Altadis, Banco Sabadell, Banco Popular, Enagás, Endesa, Iberdrola, Repsol o Telefónica. Este sistema limita a un determinado porcentaje del capital (por lo general al 10%) los derechos de voto en la junta de accionistas con independencia del número de acciones que se tengan.
Y este tipo de blindaje no goza de buena fama entre los defensores del buen gobierno y, sobre todo, a los inversores, que abogan claramente por la plena democracia accionarial.
Los expertos creen que el mercado hará que se eliminen poco a poco los blindajes
Por esa razón, Bruselas se ha mostrado interesada en saber hasta qué punto se puede fomentar la extensión del principio una acción, un voto. Eso, a pesar de que poco antes del verano se dio a conocer un estudio encargado por el Ejecutivo comunitario en el que se afirma que no se han encontrado pruebas concluyentes que vinculen la desviación del principio de proporcionalidad con los resultados económicos de las sociedades.
Con esos datos en la mano el comisario de mercado interior Charlie McCreevy anunció que retomaría el análisis de la cuestión 'con la cabeza fría' y encargó al grupo de alto nivel que asesora a la CE en materia de buen gobierno, el European Corporate Governance Forum, una conclusión que acaba de presentar.
Uno de los miembros del grupo de expertos, el español José María Garrido, ex secretario del consejo de la CNMV y uno de los autores del informe Winter de buen gobierno reconoce que se trata de un documento que ha costado consensuar 'porque hay muchas opciones abiertas y nada es completamente bueno o totalmente malo'.
En todo caso, sí han llegado a una conclusión clara. Pedir a la Comisión Europea que exija a las empresas que refuercen la transparencia en torno a los sistemas utilizados para limitar el principio de proporcionalidad que garantiza que cada acción equivalga a un voto. Garrido opina que 'a estas alturas, imponer el principio de una acción, un voto es muy difícil. Debe ser uno de los asuntos de más difícil armonización que existe en estos momentos porque hay culturas jurídicas y económicas muy distintas dentro de la Unión Europea'.
De hecho, hay países que tienen una amplia tradición de acciones sin voto 'y no pasa nada', explica Garrido, mientras que en otros lo común es la existencia de votos múltiples 'y también funcionan muy bien, así que apostar sin más por el principio de una acción, un voto es muy complicado'.
El miembro español del grupo de expertos en materia de buen gobierno asegura que también se ha manejado en el informe que han preparado para la CE la petición de algunos inversores de que, en caso de no apostarse claramente por el principio de una acción un voto, ésta sea una cuestión que se someta a votación por parte de los accionistas de las empresas cada cierto tiempo. 'Se trataría de que los accionistas se pudieran pronunciar, por ejemplo cada 10 años, sobre el sistema de votación, con sus posibles limitaciones, existente en una sociedad'.
Y mientras se llega a un consenso sobre la importancia o no de seguir defendiendo el principio de proporcionalidad, los expertos del European Corporate Governance Forum sugieren a la CE que ponga en práctica de nuevo la que parece ser la panacea para todos los problemas: la transparencia.
De tomar en consideración el comisario de mercado interior las sugerencias de sus expertos, la CE propondrá a las empresas, probablemente en forma de recomendación, que ofrezcan a sus inversores más información sobre los mecanismos que limiten el principio de proporcionalidad. Y a los estados miembro que proporcionen anualmente a la CE 'información comparable respecto a la aplicación de sistemas no proporcionales en sus jurisdicciones'.
'Habrá que confiar en que el mercado vaya empujando a las empresas a aplicar más democracia accionarial', añade José María Garrido.
Consumidores a favor de la democracia accionarial
La pasada primavera, la OCU, en compañía de las asociaciones de consumidores del grupo Euroconsumers, elaboró un estudio entre 444 sociedades cotizadas en las Bolsas europeas y estadounidenses, 65 de ellas son empresas españolas, y realizó algunas peticiones.El estudio mostraba que las sociedades cotizadas españolas aún mantienen ciertas prácticas que no respetan los derechos de los accionistas. Entre ellas citan los blindajes, la limitación del derecho de voto o la eliminación del derecho de suscripción preferente. Y entre las propuestas para que las empresas avancen en buen gobierno se encuentra la de respetar de manera estricta el principio de una acción, un voto.