Andalucía dará ayudas directas para la compra de la vivienda
Andalucía aprobará una ley en 2008 que garantizará ayudas y suelo público para que el esfuerzo de adquirir una vivienda no supere un tercio de los ingresos familiares. En los casos de alquiler, el tope será de una cuarta parte de la renta de los hogares.
El Gobierno andaluz, al igual que el Ejecutivo de Zapatero, también dedicará este último tramo antes de las elecciones autonómicas de marzo de 2008 a volcarse en medidas de corte social. Uno de los proyectos estrella será la futura Ley del Derecho a la Vivienda, que cumple con uno de los mandatos políticos del nuevo Estatuto. La nueva norma, que estará lista en 2008 y se aplicará en la próxima legislatura tras aprobar ayer la Junta el inicio de su tramitación parlamentaria, pretende asegurar 'una vivienda digna, de calidad y adecuada a la situación familiar, económica y social' de cada ciudadano.
El acceso a este bien se regirá por tanto en función de los ingresos familiares, según sean inferiores al nuevo salario mínimo o superiores pero todavía insuficientes para acudir al mercado libre. La consejera andaluza de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, explicó que en el primer caso se garantizará el acceso a una vivienda pública en alquiler cuya cuota no podrá ser superior al 25% del salario mínimo.
En el caso de rentas superiores, se establecerá una oferta de viviendas, tanto en venta como en alquiler, distribuidas en tramos en función de los distintos niveles adquisitivos, mientras que las ayudas públicas también variarán según la renta familiar en cada caso, con el objetivo de garantizar que la cuota mensual no supere un tercio de los ingresos familiares en la adquisición ni una cuarta parte en el caso de alquiler.
La consejera destacó que la regulación que contempla la norma está 'especialmente pensada' en los jóvenes de entre 20 a 34 años (unos dos millones en Andalucía) que 'se ven expulsados' del mercado por el alto precio de la vivienda.
Los ayuntamientos deberán elaborar planes de vivienda donde se definan las necesidades concretas de los vecinos de cada municipio y los recursos para satisfacerlas, a través del Patrimonio Municipal del Suelo y de las reservas mínimas de un 30% de los terrenos residenciales para vivienda protegida. También la Junta elaborará planes de vivienda con lo criterios de la nueva ley.
Calidad con certificado independiente
El anteproyecto de la Ley andaluza del Derecho a la Vivienda también regula la calidad en la construcción de vivienda libre mediante una certificación independiente. Para que la vivienda sea considerada digna, se deberá asegurar, entre otros parámetros, que su construcción respeta criterios de sostenibilidad, facilita el acceso a servicios y equipamientos públicos y garantiza la accesibilidad para personas dependientes o discapacitadas. La Administración exigirá para ello un certificado de calidad expedido por agencias independientes de control homologadas por la Junta de Andalucía. El texto regula también, con rango de ley, la rehabilitación de viviendas, centros históricos y barrios degradados, con el objetivo de eliminar la infravivienda en Andalucía en el horizonte del año 2012.