Prudencia ante la hipoteca inversa

La escasa cuantía de buena parte de las pensiones que reciben los jubilados españoles, sumada al dato de que más del 85% tienen vivienda en propiedad, puede ofrecer una dimensión aproximada del mercado que se abrirá con las llamadas hipotecas inversas una vez que el Parlamento finalice la tramitación de la Ley Hipotecaria y ésta entre en vigor. Esta modalidad de hipoteca posibilita a los mayores de 65 años y personas dependientes acceder a rentas complementarias a cambio de ceder la vivienda como garantía. En los dos últimos años se calcula que se han firmado cerca de 10.000 contratos de esta naturaleza, la mayoría de ellos suscritos con las cajas de ahorros. Las empresas aseguradoras han permanecido prácticamente al margen de este mercado y ahora están intentando aprovechar la Ley Hipotecaria para penetrar con ventajas, al menos con las mismas que operarán para las entidades financieras.

Se trata de un mercado altamente sensible porque se juega con el patrimonio de ciudadanos, en numerosos casos necesitados, a los que hay que dar las suficientes garantías jurídicas para evitar que sean víctimas de abusos derivados del interés de bancos, cajas y aseguradoras de irrumpir con fuerza en un negocio fácil y lucrativo. De ahí que estén justificadas todas las prevenciones imaginables por parte del Ministerio de Economía, reacio a satisfacer las demandas que la patronal Unespa le ha planteado a través del PP y de CiU para incentivar este tipo de hipotecas con toda clase de incentivos fiscales que afectarían al IRPF, a Patrimonio y a Sucesiones y Donaciones. La propuesta de estos grupos va todavía más allá y plantea que el Estado compense a las comunidades que gestionan ya parte de estos impuestos por la presumible pérdida recaudatoria.

Lo que sí le es exigible al Gobierno es que no privilegie al sector financiero frente al asegurador en un servicio que ambos pueden prestar con las mismas garantías. En este sentido, las reglas de juego deben ser claras e iguales para todos.