Un juez ordena el embargo de Boliden por 141 millones
Junta de Andalucía y Estado empiezan a cantar victoria en la batalla judicial por lograr que Boliden pague la factura del vertido de 1998 en Aználcollar. El juez de lo mercantil que se ocupa del proceso de quiebra de su filial Boliden Apirsa ha admitido un embargo cautelar de 141 millones que se ejecutará directamente a cuenta de las acciones de la matriz sueca. La firma recurrirá.
La batalla judicial por recuperar la inversión de 141 millones de euros a la que tuvieron que hacer frente las Administraciones para neutralizar el grave vertido que originó en las inmediaciones del parque de Doñana la rotura de la balsa minera de Boliden en la localidad sevillana de Aználcollar empieza a arrojar posibilidades ciertas de cobro después de años de reveses en los tribunales. La vía penal y la civil fracasaron, pero el juez de lo mercantil de Sevilla que tramita el proceso de quiebra de la filial española ha atendido las reclamaciones de la Junta y del Gobierno central, que figuran como acreedores, admitiendo el embargo cautelar de activos de Boliden en Suecia por valor de 141 millones de euros.
Según la Junta de Andalucía, que pide a la firma 90 millones, la confiscación se ejecutará directamente sobre las participaciones accionariales de Boliden AB en Estocolmo. Para ello, la justicia española, una vez aplicado el llamado levantamiento del velo societario que permite exigir responsabilidades a la matriz sueca por la declaración de insolvencia de la filial española, solicitará a los jueces suecos que apliquen la medida cautelar en aplicación del derecho comunitario.
La multinacional sueca, por su parte, anunció ayer que recurrirá este embargo y volvió a insistir en que la demanda española no le provocará daños financieros importantes, tal y como asegura en su última memoria. Boliden, sin embargo, acumula en menos de un año dos serios contratiempos en este caso después de que en noviembre se desestimara la demanda que interpuso contra las constructoras de la balsa, a las que reclamaba 250 millones de euros. Con este dinero, según la compañía, hubiera pagado la factura que exigen las Administraciones españolas. La empresa sueca acusó el golpe de la orden de embargo con un descenso del 2,3% en la Bolsa de Estocolmo.
La Consejería andaluza de Medio Ambiente se felicitó ayer por la noticia de la orden del juzgado mercantil.
Indemnizaciones y otros accidentes
Boliden, que ya tuvo que indemnizar a sus accionistas canadienses por los daños derivados de ofrecer datos inexactos sobre el vertido de Aznalcóllar, acumula otros accidentes ambientales graves en distintas parte del mundo como en la Laponia sueca, Chile y el Estrecho de Oerecund. Fuentes de la Junta de Andalucía recuerdan estos antecedentes y dan por hecho que tras la orden de embargo comunicada ayer por la propia Boliden podrá cobrar los 90 millones que le reclama. La consejera andaluza de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, destacó que es una 'extraordinaria noticia, porque de alguna manera resarce de todo el esfuerzo que ha hecho la Junta, no sólo en trabajo científico, sino porque una empresa que produce un daño ambiental de esas características tiene que pagar y responsabilizarse de lo causado'.