El Tribunal europeo avala la lucha sindical contra la deslocalización

Los sindicatos europeos se anotaron ayer una importante victoria judicial en su lucha contra la fuga de empresas y los paraísos salariales dentro de la Unión Europea. Los jueces comunitarios, en dos dictámenes preliminares, reconocieron ayer el derecho de las organizaciones sindicales a utilizar la 'acción colectiva' para impedir la prestación de servicios desde otro país con costes laborales más baratos o para disuadir a una empresa de su intención de trasladarse a otro Estado.

Los dos casos, que han quedado vistos para sentencia, pueden servir para sentar una jurisprudencia que evite el llamado dumping social intracomunitario. La amenaza de ese fenómeno desató una resistencia sindical y política contra la directiva europea de liberalización de servicios, aprobada el año pasado en una versión mucho más diluida que la propuesta inicialmente por la Comisión Europea.

En uno de los casos, los sindicatos suecos impidieron que una empresa letona desplazase trabajadores para reformar y ampliar un centro escolar en la ciudad de Vaxholm, al norte de Estocolmo. Paolo Mengozzi, abogado general del Tribunal de la UE, señala en su dictamen que las directivas europeas 'no se oponen a que los sindicatos intenten obligar a un prestador de servicios de otro Estado a suscribir un nivel salarial mediante medidas de conflicto colectivo que revistan la forma de un bloqueo'.

Luis Miguel Polares, otro abogado general, señala en un segundo dictamen que 'el Derecho comunitario no excluye que los sindicatos, con objeto de proteger a los trabajadores de una empresa, promuevan una acción colectiva que restrinja el derecho de establecimiento de la empresa que pretende trasladarse a otro Estado'. En este caso, los sindicatos finlandeses intentaban impedir que la naviera Viking Line se trasladara de Helsinki a Tallin, la capital estonia.