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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Una vacuna contra la corrupción

El Congreso dio ayer el plácet definitivo a la Ley del Suelo, con la única resistencia del Partido Popular, para establecer nuevos criterios básicos que regulen los procesos urbanísticos. Tal como estaba la regulación, en el itinerario urbanizador se enquistaban maniobras que encendían espirales interminables de encarecimiento, hasta colocar la vivienda en valoraciones inalcanzables para la mayoría. La ley, que entra en vigor a la vez que los consistorios municipales que se elijan el 27 de mayo, no rehúye el intervencionismo para frenar la espiral especulativa y pretende asegurar una oferta suficiente de suelo para vivienda protegida, ausente en los últimos años.

Es arriesgado decir que la norma terminará con el encarecimiento, pondrá suelo en abundancia en el mercado y elevará la oferta de viviendas a precio razonable. Pero establece las bases para que en buena parte tales circunstancias se produzcan. La ley tiene dos novedades básicas que llaman la atención, más allá de exigir que los concejales y directivos municipales de urbanismo, sean electos o no, deban hacer declaraciones de sus bienes y tengan limitado el ejercicio de determinadas tareas hasta pasados dos años, y más allá también de hacer público y transparente todo el proceso.

En primer lugar, establece que el 30% del suelo residencial nuevo debe destinarse a vivienda protegida, porcentaje que puede elevarse en cada comunidad. En segundo lugar, se establece un nuevo sistema de valoraciones en las expropiaciones de suelo. No podrá evaluarse un solar por la expectativa de revalorización, sino que sólo se abonará el precio que pueda soportar la calificación que tenga en el momento de la enajenación.

Así, con suelo barato, difícilmente podrán justificarse viviendas caras. Se eleva también el suelo cedido por los promotores a los ayuntamientos, aunque tal medida puede ser un arma de doble filo, pues se reduce el suelo comercializable, lo que puede contribuir a su encarecimiento. Una ley con buenas intenciones y buenos instrumentos, pero a la que sólo le falta el consenso para dar plenas garantías de éxito.

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