Vivienda

Aprobada la ley que aspira a detener la especulación sobre el suelo

El Congreso aprueba la norma con el único rechazo del grupo parlamentario popular.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente el proyecto de Ley de Suelo remitido por el Senado con el apoyo de todas las fuerzas políticas, a excepción del Partido Popular. De esta forma, el texto queda listo para su entrada en vigor el próximo 1 de julio, coincidiendo con la constitución de los nuevos ejecutivos autonómicos y locales resultantes de las elecciones del 27 de mayo.

La nueva norma nace con el objetivo de hacer más sostenible el desarrollo territorial y urbano, fomentar la eficiencia de los mercados de suelo y combatir la especulación, aumentando la transparencia y participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones urbanísticas.

Se trata, por tanto, de la primera legislación en materia de suelo que aborda el problema de la corrupción en el sector con medidas concretas .

Pese al amplio consenso político logrado, en el Ministerio de Vivienda no descartan que la norma sea recurrida al TC como ha ocurrido con todas las leyes de suelo anteriores

Hasta su aprobación definitiva, la nueva norma ha recorrido un amplio camino en busca del mayor consenso posible, ya que desde el Ministerio de Vivienda y también desde el principal partido de la oposición se insistía en que era necesario un pacto de Estado en esta materia si se quería dotar de estabilidad y continuidad al cambio legislativo. Los primeros apoyos llegaron de las filas de ERC e IU, aunque finalmente todos los grupos, a excepción del PP, han dado su respaldo a la ley. De hecho, en un principio el PP llegó a solicitar que se realizara una votación separada de los capítulos referidos a la lucha contra la corrupción con los que sí comulgaba, pero finalmente se abstuvo en la mayor parte de las enmiendas votadas.

Sólo votó a favor de algunas enmiendas introducidas en el Senado, como las relativas a los límites de alteración de los espacios naturales protegidos o incluidos en la Red Natura 2000 y a las competencias autonómicas en la gestión de los patrimonios públicos de suelo. El portavoz del PP, Pablo Matos, sostuvo que la única finalidad de la norma será 'abaratar las expropiaciones y aniquilar el concepto de justiprecio'.

Todos los grupos parlamentarios que votaron a favor de la norma coincidieron en que ésta no será una 'varita mágica' que pondrá fin a los problemas de acceso a una vivienda que persisten en la actualidad.

Sí recordaron que lo más importante ahora es trabajar para que las administraciones locales y autonómicas apliquen de forma efectiva la ley. En este sentido, se mostraron satisfechos porque las negociaciones han permitido salvar los conflictos competenciales que surgieron al principio.

Fuentes del Ministerio de Vivienda sostienen que, pese a este amplio respaldo, no sería de extrañar la presentación de algún recurso de inconstitucionalidad, 'tal y como ha ocurrido históricamente con todas las leyes de suelo'.

Los dos pilares de la norma los constituyen la reserva mínima de suelo para vivienda protegida (VPO) que establece el texto legal y el establecimiento de un nuevo régimen de valoraciones que será de obligada aplicación en los procesos de expropiación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Constitución Española, se incrementa la participación de la comunidad en las plusvalías que genera el proceso urbanizador.

Con esta nueva redacción se refiere a la cesión de suelo a los ayuntamientos a la que están obligados los promotores. Se establece con carácter general un porcentaje mínimo del 5% y un máximo del 15%. Hasta ahora la horquilla, que debían establecer las comunidades autónomas, oscilaba entre el 0% y el 10%.

Otro instrumento que nace con vocación de incrementar la superficie de terreno destinada a VPO es la obligación de constituir patrimonios públicos de suelo separado e integrado por aquellas parcelas de uso social.

Es más, la ley prohíbe la subasta o venta de terrenos públicos para VPO por encima del valor máximo de repercusión que tienen los suelos para ese tipo de construcciones.

Por último, amplía la transparencia, la participación ciudadana y los controles de legalidad sobre el urbanismo, ya que los planes y convenios deberán someterse a información pública antes de su aprobación.

Los concejales y demás directivos municipales tendrán que hacer declaraciones públicas de sus bienes y actividades privadas y verán limitada su actividad dos años después de abandonar sus responsabilidades públicas.

El gesto de Zapatero

¦bull; El presidente José Luis Rodríguez Zapatero acudió ayer al Congreso a respaldar con su presencia uno de los proyectos clave de la gestión de María Antonia Trujillo al frente de Vivienda. Zapatero pronosticó que la ley promueve un urbanismo cívico.

Cinco claves para entender la nueva legislación

Las regiones fijan la reserva para VPO

Frente al rechazo frontal que causó esta medida en las filas nacionalistas, los conflictos competenciales pudieron ser salvados finalmente. Por primera vez una ley estatal establece una reserva mínima del 30% del nuevo suelo residencial para VPO, aunque las comunidades tendrán potestad para establecer porcentajes superiores en sus regulaciones autonómicas. El Gobierno espera que esta iniciativa contribuya a moderar los precios.

Expropiaciones más baratas

Una de las pocas competencias exclusivas que le quedan al Estado en materia de urbanismo es el régimen de valoraciones que se aplica en los procesos expropiatorios. Hasta ahora, al establecer el justiprecio solían tenerse en cuenta las plusvalías futuras que podía generar el suelo según el equipamiento que fuese a construirse en él. La ley propone un nuevo régimen que obliga a valorar los terrenos por su situación real y no por expectativas.

Espacios naturales más protegidos

Sólo podrán descatalogarse terrenos de los espacios naturales protegidos o de la Red Natura 2000 por razones intrínsecas a sus valores naturales científicamente demostradas, previa información pública y autorización de Bruselas. Los desarrollos urbanísticos deberán someterse a una evaluación ambiental previa con informes relativos al suministro de agua, la protección de las costas y la existencia de infraestructuras de transporte.

Información pública en la web

En aras de una mayor transparencia los planes y convenios se someterán a información pública antes de su aprobación. Los ayuntamientos deberán publicar en la web los planes vigentes y tener copias disponibles para los ciudadanos. Las reclasificaciones que conlleven plusvalías deberán identificar quiénes han sido los propietarios de las fincas beneficiadas los últimos cinco años, de forma que se pueda conocer a quién beneficia cada decisión.

Nuevos límites al crecimiento

La nueva norma apuesta por un desarrollo territorial y urbano más sostenible y considera el suelo como un recurso natural escaso y no renovable. Por ello, establece que sólo se podrá urbanizar el suelo necesario e idóneo para hacer ciudad y obliga a proteger el resto. Para evitar impactos no deseados, se revisarán aquellos planeamientos que conlleven incrementos superiores al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado del municipio.