Bruselas denuncia en Luxemburgo la ampliación de competencias de la CNE
El enfrentamiento entre Bruselas y Madrid por la regulación del sector energético llega por fin a los tribunales. La CE denunció ayer la ampliación de competencias de la CNE que permitió al regulador español pronunciarse sobre la opa de Eon por Endesa
El comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, decidió ayer trasladar a los jueces comunitarios la resolución de su conflicto con España. McCreevy ha denunciado ante el Tribunal de Justicia europeo, con sede en Luxemburgo, la ampliación de competencias de la Comisión Nacional de la Energía, aprobada por el Gobierno español nada más conocerse la opa de Eon por Endesa.
La precipitada reforma, que la CNE había reclamado con insistencia durante meses, permitió al regulador español pronunciarse sobre la oferta de la compañía alemana e, incluso, imponerle drásticas condiciones, luego rebajadas por el ministerio de Industria.
Bruselas considera desproporcionados los poderes conferidos al regulador, hasta el punto de que, a juicio de la Comisión, 'pueden restringir indebidamente la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento'.
'España podía lograr los mismos objetivos con medidas menos restrictivas'
El departamento de McCreevy cree que podrá demostrar ante el Tribunal que ese nuevo método de autorización 'excede la necesidad de garantizar el suministro de productos energéticos', razón invocada por España para el cambio.
El Gobierno español también justifica la reforma por la necesidad de cubrir un vacío legal en el funcionamiento de la CNE. Hasta marzo de este año, el organismo que preside Maite Costa sólo podía escrutar las operaciones entre empresas energéticas españolas, quedando fuera de su vigilancia las planteadas por empresas de otro sector o de otro país.
La entrada de ACS en Fenosa, por ejemplo, escapó al control del regulador gracias a sus peculiares atribuciones. La misma suerte le esperaba a Eon cuando anunció en febrero de 2005 su interés por Endesa.
Pero el Decreto Ley de 24 de ese mes cambió las tornas para la empresa alemana y para todos los inversores extranjeros que, en el futuro, quieran adquirir una participación superior al 10% en alguna compañía energética de matriz española.
Desde entonces, la CNE dispone de la potestad de revisar todas las operaciones del sector, con independencia de la nacionalidad o actividad principal del inversor.
'España podría haber conseguido los mismos objetivos de interés público con medidas mucho menos restrictivas', señala la Comisión. 'La autorización previa que introduce el Decreto Ley puede disuadir a los inversores de otros Estados miembros'.
Los jueces tienen ahora la última palabra sobre el conflicto. Pero su sentencia, que puede tardar dos años en llegar, probablemente no tenga ningún impacto en las operaciones de fusión ya en marcha.
El veredicto del Tribunal europeo, incluso si es favorable a Bruselas, no resolvería los casos particulares de empresas que puedan haberse sentido perjudicadas por la legislación española. La CE recuerda que sólo los tribunales nacionales pueden conceder indemnizaciones por los daños provocados con la violación de una norma comunitaria.
Un centenar de recursos pendientes
La denuncia de ayer de la Comisión Europea contra la reforma de la Comisión Nacional de la Energía se sumará al centenar de conflictos abiertos en Luxemburgo entre la administración española y la comunitaria. Para el secretario ejecutivo de política económica del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, este pleito demuestra que nunca ha habido en España 'mayor arbitrariedad y desprecio por las reglas comunes de la UE' que en la actual legislatura.España, sin embargo, no figura entre los países con más disputas judiciales pendientes ante el Tribunal, ranking que encabezan Alemania, Francia, Italia o Luxemburgo.En los últimos seis años, sólo en 2003 se puso España a la cabeza de la UE en número de recursos planteados por incumplimiento del Estado (con 28 denuncias). Al año siguiente, con el comienzo de la nueva legislatura española, la tensión se atemperó y el número de recursos contra España, según los datos del Tribunal, cayó hasta 11. Y en 2005, bajó a seis.