CiU rechaza gravar los pisos vacíos y propone agilizar los desahucios
La solución al problema de la vivienda no puede venir en ningún caso de gravar los pisos vacíos sino de fomentar el mercado del alquiler. Esto es lo que opina Convergència i Unió y por ello defenderá una iniciativa parlamentaria en la que propone una resolución más ágil del desahucio en el caso de los impagados de forma que el inquilino que no cumpla con sus compromisos se vea obligado a dejar la vivienda en el plazo máximo de un mes. Los nacionalistas catalanes, que solicitan también un trato fiscal más favorable para los alquileres, se distancian de la propuesta esbozada por la Generalitat de Cataluña para desincentivar la existencia de pisos desocupados.
En el Senado
CiU encauzará su proposición de ley orgánica en el Senado para acelerar el proceso en un momento en el que el debate sobre las viviendas vacías se ha puesto de actualidad. En su iniciativa, defiende que la fijación preventiva del desalojo del inquilino en caso de impago deba señalarse forzosamente en el plazo máximo de un mes, ya que de lo contrario no se garantizaría la celeridad indispensable para resolver los problemas generados por una larga tramitación judicial. La proposición incluye medidas para aligerar el trabajo judicial, puesto que evita el señalamiento, la notificación y la celebración del juicio verbal, entre otras diligencias.
CiU presentó también ayer una batería de iniciativas parlamentarias que incluyen la creación de una comisión de expertos para estudiar la demanda de energía y evaluar sus necesidades para los próximos años.
Su portavoz, Josep Antoni Durán i Lleida, criticó la firmeza con la que el Gobierno, a través de su presidente y del ministro de Industria, han descartado la apuesta por la energía nuclear. 'España no tiene política energética y habría que estudiar si es aconsejable volver a apostar por la nuclear', afirmó Durán.
Combatir la lentitud de los juzgados
Una de las razones que explican la falta de pisos en alquiler es la inseguridad en la percepción de las rentas por parte del arrendador, pues no existe un mecanismo judicial rápido y eficaz que garantice el cumplimiento de la obligación de pago o, en su caso, el desahucio inmediato. Desde el año 2003 ha habido, al menos, tres reformas legislativas encaminadas a cambiar estas circunstancias, pero ninguna de ellas ha sido efectiva. Una de las más importantes dio lugar a la creación de las llamadas oficinas de señalamiento inmediato, destinadas a aglutinar todos los trámites.