El Gobierno cree que sus condiciones no crean "un problema empresarial", puesto que E.ON las ha aceptado, ni contradicen la normativa europea. Simplemente, se trata de una "diferente interpretación del derecho comunitario", según fuentes del Ministerio de Industria. Si Bruselas considera que el caso debe resolverse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "es un paso que deben decidir ellos", han añadido.
De hecho, España ya modificó el pasado 3 de noviembre las condiciones que en un principio impuso a la operación, una decisión que tampoco fue aceptada por la Comisión Europea, que reclamó la eliminación de las mismas. De hecho, Bruselas considera ilegales todos los puntos que el Gobierno ve indispensables para garantizar el suministro energético del país si E.ON se hace con la primera eléctrica española.
Esas condiciones, que se mantienen y pueden acabar siendo discutidas en el Tribunal de Luxemburgo son: obligación de E.ON de mantener la marca Endesa cinco años; no vender en ese plazo los activos fuera de la España peninsular; utilizar carbón nacional en las plantas eléctricas, y prohibir a E.ON adoptar decisiones que afecten a la seguridad del suministro y que sean contrarias al ordenamiento legal español.
