El fallo de la Corte por la pesificación

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia que les ordena a los bancos devolver a los ahorristas una suma en pesos equivalente al capital de sus depósitos que quedaron atrapados en el llamado corralón, dispuesto a principios de 2002, puede ser elogiada por su pragmatismo para solucionar un problema que afectaba a miles de ciudadanos y a las entidades financieras. Sin embargo, (...) el máximo tribunal desaprovechó una gran oportunidad para poner límites categóricos a los abusos de los gobernantes y para asentar una nueva verdadera tutela del derecho de propiedad (...).

En momento alguno la mayoría de los jueces habla de la injusticia intrínseca de la incautación de los depósitos (...). Hubiera sido preciso que (...) se pronunciara sobre la constitucionalidad del decreto 214/02 (...).

Si se tiene en cuenta que la Argentina vive bajo legislación de emergencia desde hace 90 años y que muchas veces esas emergencias, provocadas casi siempre por errores de los propios Gobiernos, fueron invocadas por las autoridades como excusa para justificar medidas que violaron los derechos de los ciudadanos, sólo cabe concluir que la Corte cometió una inexplicable omisión y dejó abierta la puerta para que las autoridades políticas de turno incurrieran en nuevos y graves abusos.