Bruselas renuncia a armonizar la fiscalidad por la vía judicial
La Comisión Europea ofreció ayer una tregua a los Gobiernos de la UE en su batalla judicial por la armonización fiscal. Bruselas, más conciliadora, ha decidido apostar por la coordinación entre las autoridades nacionales como método preferente para eliminar las discriminaciones fiscales y la doble imposición que soportan las empresas con actividad en varios Estados miembros.
Ayer presentó sus dos primeras propuestas en ese sentido: una para coordinar la compensación transfronteriza de pérdidas y otra para el llamado impuesto de salida a las empresas o particulares que cambian de residencia fiscal.
El comisario europeo de Fiscalidad, László Kovács, pone fin así a cinco años de incesantes recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE. El número de litigios se disparó a partir de 2001, cuando el anterior comisario, Frits Bolkestein, presentó la enésima iniciativa comunitaria para intentar eliminar las barreras fiscales a la inversión.
El departamento de Kovács, sin embargo, cree que esa ofensiva judicial tiene sus límites. 'El Tribunal, como dicen algunos Estados miembros, sólo puede destruir, pero no construir', reconocían ayer fuentes próximas al comisario.
Las dos Comunicaciones presentadas ayer por Kovács parten, precisamente, de sendas sentencias en las que el Tribunal declaró ilegales ciertas normas fiscales para las que de momento no hay legislación comunitaria alternativa. Y Kovács reconoce que, dado el requisito de unanimidad, tardará mucho en haberla.
El comisario propone que, mientras tanto, los Estados permitan que las matrices compensen en su país de origen las pérdidas soportadas por sus filiales en otros países comunitarios.
Sentencias peligrosas para el fisco
Además de sus propias denuncias contra la discriminación fiscal, Bruselas secunda a menudo las presentadas por empresas contra las haciendas de sus países de origen. En algunos casos, como el de Marks & Spencer y Cadbury Schweppes, las sentencias condenatorias contra el Reino Unido han abierto el camino para reclamaciones potencialmente multimillonarias en otros países. Ante esa posibilidad, algunos ministros de Finanzas de la UE han llegado a pedir al Tribunal que sopese mejor el impacto de sus fallos en las cuentas públicas.