La justicia valenciana abre un debate interno contra macroplanes urbanísticos
El debate sobre si un municipio de mil habitantes puede aprobar un plan urbanístico que triplique de golpe su población ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ha abierto un debate interno sobre la posibilidad de paralizar judicialmente este tipo de macroproyectos.
La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha abierto un debate interno sobre la posibilidad de establecer una doctrina que impida los grandes desarrollos urbanísticos que se están realizando en algunas localidades de la Comunidad Valenciana y que suponen en algunos casos multiplicar hasta por tres el número de habitantes del municipio. El presidente de la sala, Edilberto Narbón, en declaraciones a Cinco Días, aseguró que los magistrados han iniciado una reflexión sobre cómo se puede encajar con la legislación la posibilidad de impedir este tipo de actuaciones que 'rompen y desvirtúan el esquema de ciudad, lo que puede ir en contra de los principios generales que inspiran la ley'.
Narbón aseguró que este tipo de crecimiento urbano, contrario a lo normal que es que una ciudad crezca poco a poco, supone problemas, como que la población de derecho no guarde relación con el número real de habitantes. 'No se trata de lo que ocurre en municipios turísticos, donde la población crece unos meses de repente, ya que la localidad vuelve a la normalidad el resto del tiempo y sigue manteniendo su estructura. Pero en un caso como el de un municipio que triplica su población estable con una nueva urbanización, lo que se está creando es prácticamente un pueblo nuevo y ¿qué queda del primero?', se preguntó Narbón. El presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo reconoció que la adopción de esta doctrina supondría 'un cambio notable' en el urbanismo.
La reflexión en el seno del TSJ sobre cómo actuar ante posibles recursos contra los macroplanes urbanísticos llega tras un auto dictado por el propio tribunal recientemente en el que se ha paralizado un Plan de Actuación Integrada (PAI) en la localidad alicantina de Parcent. Este proyecto, aprobado por el ayuntamiento, supone la construcción de 1.496 nuevas viviendas en una localidad que tiene un millar de habitantes.
'Este tipo de planes rompen la ciudad y crean desequilibrio entre la población de derecho y los habitantes reales'
El motivo de la paralización cautelar, reclamada por un grupo de propietarios del suelo afectados por el plan, obedece en realidad a una serie de irregularidades cometidas durante su tramitación. Existía un dictamen contrario al plan del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana por no haberse informado al 40% de los propietarios de suelo afectados, y no tenía la aprobación de la Consejería de Territorio.
Los planes sustituyen a los PGOU
Eso en una localidad que no tiene Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Precisamente este es el único aspecto en el que entra el auto a pronunciarse sobre el fondo del asunto, al afirmar que un PAI no sería la figura adecuada -ideada por la antigua ley del suelo valenciana para poder urbanizar terreno sin tener el acuerdo de todos los propietarios- ya que la extensión de la que se trata es tan grande que implica un cambio radical en la estructura del municipio, por lo que lo normal sería realizarlo mediante un nuevo PGOU. El auto señala que ordenar un millón de metros cuadrados mediante un PAI 'es excesivo, ya que una actuación de tal naturaleza exigiría una instrumentación de carácter más general, donde pudieran ponderarse las necesidades integrales del municipio y su sostenible desarrollo'.
El plan de Parcent, que aprobó el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PP y que se adjudicó a la sociedad Terra de L'Horta, SL, está paralizado pero eso no significa que se haya anulado. De hecho el consistorio ha anunciado que va a recurrir la paralización. De todas maneras, aún existen otros dos recursos, presentados por una organización ecologista y por la oposición municipal, contra dicho proyecto de desarrollo.
Faltan magistrados
'El problema de poder paralizar más obras es sencillamente de tiempo', lamenta Edilberto Narbón, presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo de Valencia. Según Narbón, el número de salas, ocho en la actualidad, debería aumentar a 14 y los magistrados de 18 a 25 para poder atender todos los casos que entran, entre ellos los problemas con el urbanismo. 'La plantilla está congelada desde 1988 y eso implica que apenas podemos dedicar tiempo a los casos y una paralización de una obra, sin poder garantizar una sentencia rápida, que puede tardar dos años, puede suponer un quebranto grave', explica.El caso de lo Contencioso en Valencia es especialmente grave. Según estadísticas de 2005 del Consejo General del Poder Judicial, entraron un 86,85% más de casos del que pueden atender los magistrados. Los retrasos implican que, en los casos de urbanismo, el proceso acabe cuando el proyecto ya está hecho.