EDITORIAL

Compromiso con la gobernabilidad

Tal y como advertían las encuestas, la consulta electoral de ayer en Cataluña no dio a ninguna formación los escaños suficientes como para gobernar en solitario. El electorado se ha limitado una vez más a favorecer las distintas alianzas poselectorales, pero ahora es responsabilidad de los candidatos elegidos darles forma. Es lógico pensar que la opción está entre una coalición liderada por CiU, que ganó sobradamente los comicios, pero muy alejada de la mayoría absoluta que le permitió gobernar en el pasado, o la reedición del tripartito (PSC-ERC-ICV/EUiA), sin descartar un posible acuerdo sociovergente entre los dos principales partidos (CiU y PSC) que podría tener una ramificación a medio plazo en el Gobierno central.

En todo caso, y previo a todo arreglo parlamentario, algunos detalles de la jornada electoral y el escrutinio deben abrir una reflexión seria sobre la marcha de la política catalana. La participación ha estado seis puntos por debajo de hace tres años, y poco más de uno de cada dos ciudadanos ha acudido a las urnas. Y la autocrítica debe ser generalizada: CiU ha perdido el 10,1% de sus votos; el PSC, el 23%; el 25%, ERC, y el 20,4%, el PP. Sólo Iniciativa per Catalunya salva los muebles con un incremento de voto. Además, casi 80.000 sufragios han resultado nulos o blancos (el 2,5%), cifra desconocida hasta ahora y que revela el descontento con la manera de hacer de los partidos políticos en la legislatura que ha modificado el polémico Estatuto catalán. Por último, un detalle más del castigo a los partidos y políticas instaladas es la irrupción con tres escaños de la opción radical y revisionista de Ciutadans.

Cualquiera que sea el acuerdo final, los representantes elegidos ayer en las urnas tienen, más que nunca, la responsabilidad de habilitar con prontitud la gobernabilidad de Cataluña. Primero, porque el nuevo Ejecutivo catalán va a contar con una capacidad de autogobierno mayor que nunca, y para ello ha de asumir la trascendental labor de desarrollar el nuevo Estatuto. Y segundo, porque el resultado de esta consulta marca, sin duda, gran parte de los próximos pasos en la política nacional.

Los candidatos de los partidos con representación en el Parlament no han protagonizado una campaña brillante, pero sí han dado muestras de un fair play democrático muy saludable -como prueba, el posado conjunto ante los fotógrafos la víspera de la jornada electoral-. Es deseable que, cuando llegue el momento de la verdad, sepan mantener ese nivel y doten a Cataluña de la seguridad política imprescindible también para el buen funcionamiento de la economía. Los periodos de incertidumbre son los procesos más repudiados por las empresas y los inversores.

El Gobierno catalán deberá administrar cerca de 30.000 millones de euros, una cifra superior a la de países como Chile o Ucrania. En principio, no existen en el horizonte escenarios poselectorales que pongan en peligro las variables económicas. Tan sólo una hipotética coalición nacionalista CiU-ERC entraría, en principio, en este escenario, porque sería interpretada en clave de una indeseable rotura de amarras con Madrid. Y matemáticamente es posible.