El valor del precio en el mercado

Los mercados que garantizan la plena competencia de un número suficiente de oferentes son los mejores instrumentos para determinar el precio más eficiente de los bienes y servicios. Cualquier intervención normativa regular distorsiona el comportamiento de la oferta y de la demanda, y amanera la formación de precios hasta convertirlos en ineficientes, aunque puedan parecer más justos. España, que aún conserva en todos los mercados de bienes, servicios y factores dosis importantes de intervencionismo, herencia inevitable de un pasado autárquico, tiene buenos ejemplos de precios públicos. En la mayoría de los casos no se ajustan al coste real de su producción y provisión al mercado, y, por ello, distorsionan el comportamiento de los demandantes, hasta el punto de confundirlos con derechos inalienables de acceso semigratuito y demanda prácticamente infinita.

La sanidad y el uso de fármacos es el paradigma de este funcionamiento viciado del mercado. Pero el consumo eléctrico o del agua se acercan bastante, y por ello el Gobierno ha desatado el debate que le ponga el precio real. Sólo así habrá racionalidad y los abusos de gasto amparados en la falsa gratuidad desaparecerán.

España es un país seco y de escasos recursos energéticos, que en parte dependen, además, del agua. Por ello, ambos recursos deben estar sometidos, bajo vigilancia pública, a la formación de precios del mercado para que éste sea correcto y se convierta en el mejor mecanismo de ajuste del consumo a la necesidad real. Carece de sentido que una parte de los impuestos nada desdeñable que pagan los hogares, se destine a financiar una parte del gasto en electricidad o en agua de los hogares. Y lo que es del todo un sinsentido es que financiación tan democrática aparezca después en los dividendos de los accionistas de las eléctricas. Durante 2007, habrá seguramente una subida de tarifas eléctricas importante, que proseguirá en años sucesivos. Y el precio del agua seguirá un camino similar. Mejor tarde que nunca.