TRIBUNA

¿Financiarnos con garantías mobiliarias?

Pontificaban nuestros antiguos, no sólo liberales a lo Mendizábal, contra la amortización de la propiedad inmueble en las denominadas manos muertas. Precisamente, una de las grandes realizaciones del siglo XIX fue la liberación de esos inmuebles para su tráfico civil y mercantil.

Con disposiciones tan sabias y bien escritas, como la Ley Hipotecaria de 1861, quedaría disponible para el desarrollo económico una gran parte del patrimonio inmobiliario, rústico y urbano, que antes soportaba mayorazgos, fideicomisos y toda suerte de vinculaciones perpetuas, muchas veces ocultas, constituidas por reyes o por la piedad o por la vanidad personales en favor de conventos, órdenes militares y religiosas, el mayor de los hijos de la familia, etcétera.

La hipoteca es y sigue siendo un instrumento clave de nuestra economía y de nuestro modelo sociocultural. Por todo ello, habida cuenta de los riesgos reales de una burbuja inmobiliaria, del nivel alcanzado por el endeudamiento hipotecario en las familias y, en definitiva, de la posible saturación del mercado, no se nos alcanza el motivo de por qué nuestros gobernantes no vuelvan la vista a la riqueza mobiliaria del país tan desaprovechada en ocasiones como la vieja propiedad inmueble amortizada.

El Gobierno nos anuncia una enésima modificación de nuestra venerable Ley Hipotecaria para realizar lo que serán, en definitiva, ajustes técnicos de detalle... y sin embargo, parece ignorarse el enorme desarrollo alcanzado por el crédito con garantías reales mobiliarias en todo el panorama comparado. Resulta igualmente sorprendente el escaso acierto de un legislador como el catalán que recientemente ha regulado, en tres ocasiones sucesivas, un nuevo marco legal de garantías reales mobiliarias con tan discutible calidad técnica y excesivo rigor formal, como pobre aplicación práctica.

En el fondo, creo, la cosa no es tan complicada: el nuevo paradigma de la garantía real sobre cosas muebles y créditos no debe ser la vetusta institución de la prenda. El desplazamiento posesorio que la prenda exige para su constitución (los americanos hablarían de 'perfección') es radicalmente inconveniente.

Lo es para el acreedor, que ha de soportar los riesgos y las responsabilidades de la conservación. Mucho más para el deudor que se ve privado del disfrute de la cosa que puede ser conveniente e incluso imprescindible para el desarrollo de su actividad profesional o industrial. Pero también lo es para la economía nacional porque la propiedad mobiliaria queda amortizada toda vez que no pueden levantarse nuevos créditos contra la cosa dada en garantía. Por si fuere poco, los terceros -otros acreedores, los embargantes- quedan desprotegidos por la clandestinidad usual de su constitución (aunque sea notarial, el secreto del protocolo impide la publicidad).

Así las cosas, sólo una parte mínima del patrimonio mobiliario se usa para obtener financiación doméstica o empresarial. En cambio, estamos camino de alcanzar algo semejante a un estándar internacional de garantías mobiliarias, en torno al modelo norteamericano del Uniform Commercial Code, avalado por las Naciones Unidas (a través del Uncitral.

La reforma legal imprescindible de nuestro sistema financiero-mobiliario exigiría a mi juicio: 1) la regulación de una figura única de garantía real mobiliaria de perfección registral de suerte que esta publicidad sustituya el desplazamiento posesorio y cumpla con los requisitos de seguridad jurídica; 2) la ampliación generosísima del elenco de bienes registrables para que alcance no sólo los a los habituales o de más perfecta identificación (buques, vehículos, aeronaves) sino también a las mercaderías y créditos comerciales, los bienes de consumo duradero, los derechos de propiedad industrial e intelectual, las universalidades de bienes, los bienes futuros, las licencias administrativas, los contratos de seguro y subvenciones...; 3) el diseño de un sistema registral barato tan robustamente informatizado como simplificado, de manera que el título privado de constitución pueda remitirse por la entidad financiadora telemáticamente al registro (no es un futuro lejano: existe ya para la financiación de automóviles) y de manera que la garantías (y deudores) puedan consultarse en internet; 4) la expresa previsión de que cualquier tipo de obligación -incluso las futuras- puedan asegurarse; 5) una mínima regulación internacional que asegure la efectividad transfronteriza de nuestras garantías; 6) la eliminación de la prohibición de constituir segundas o ulteriores garantías; 7) la disciplina de un sencillo mecanismo de realización extrajudicial, incluso con enajenación directa, de la cosa dada en garantía, y 8) la imprescindible puesta en marcha del mercado secundario mobiliario (por titulización).

Creo que a partir del matraz del infrautilizado sistema registral de nuestro deficiente Registro de Bienes Muebles, debería aprovecharse la ocasión de la reforma legislativa para atender las nuevas formas de riqueza hoy por hoy amortizadas. Que las entidades financieras no estén interesadas en ello me parecería una verdadera pena.

Luis Fernández del Pozo. Registrador mercantil y economista