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Indra apuesta por avanzar en la absorción de Escribano pese a las dudas de Moncloa

El consejo de administración se reúne este jueves y abordará el detalle de cómo sería la hipotética compra, sin entrar aún en la valoración económica de la firma

Indra da pasos hacia adelante en la adquisición de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), pese a las dudas del Gobierno. Según señalan fuentes conocedoras, el consejo de administración de la tecnológica presidida por Ángel Escribano, que tendrá lugar este jueves, tratará de avanzar en el detalle de cómo sería una hipotética compra de EM&E, que a su vez es el actual segundo mayor accionista de Indra, con un 14,3%. El escenario principal es que la operación se realice mediante una ampliación de capital, sin salida de caja para Indra, como adelantó este periódico en julio. Sin embargo, el plan de la compañía es “no cambiar sustancialmente” el consejo de administración actual, dejando a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) como el accionista con más consejeros —son tres: Juan Moscoso, Antonio Cuevas y Miguel Sebastián—.

Así, pese al aumento del porcentaje de capital en manos de los Escribano, la SEPI seguiría siendo el accionista de referencia (actualmente tiene el 28%) de una compañía llamada a ser el campeón nacional de defensa en el ámbito de las plataformas militares terrestres. Lo que no está previsto es que en este consejo se trate el asunto de a cuánto ascendería el valor de EM&E, ya que la SEPI pidió que antes se tengan las cuentas anuales auditadas de cada una de las empresas, lo que retrasaría este paso hasta marzo o abril. Algunas estimaciones del mercado apuntan a que EM&E podría valer más de 2.000 millones de euros por el bum del sector, en un momento en el que Europa necesita rearmarse frente a la amenaza rusa y se distancia de su histórico socio EE UU.

Otras fuentes habían indicado en las últimas semanas que Moncloa había enfriado la operación por el conflicto de intereses que supone comprar la empresa del propio presidente ejecutivo de Indra y que actualmente dirige su hermano, Javier Escribano, quien también se sienta en el consejo de la tecnológica. “Cuando se dice que el Gobierno tiene un problema con esto, yo recuerdo que esta operación se planteó inicialmente en abril. Ya ha pasado casi un año y nada ha cambiado en la operación, ¿verdad? Son las mismas personas, las mismas empresas haciendo lo mismo (...) El conflicto de intereses existe, sí, pero es el mismo conflicto de intereses que existía en abril del año pasado. No entiendo por qué ahora el Gobierno se preocupa por esta operación", reflexiona un accionista minoritario de Indra, con inversiones en varias empresas de defensa europeas, que se muestra muy a favor de la compra de EM&E.

Diversas fuentes apuntan a que el fabricante de transmisiones vasco Sapa, el tercer mayor accionista de Indra con un 7,94% del capital, es el que más resistencia opone a la operación por su alianza con Santa Bárbara (competidor directo de Indra en las plataformas militares terrestres) en mercados como el estadounidense. En el lado contrario se sitúa Amber Capital, cuarto mayor accionista de Indra, con el 7,24% del capital, que se muestra a favor de la operación. “Ángel Escribano ha creado un valor significativo para Indra. Su alineamiento con los accionistas de Indra es claro y la operación, si se realiza al precio adecuado, reforzará aún más el alineamiento de la familia Escribano con el éxito de Indra, en beneficio de todos los accionistas”, señaló a este medio la semana pasada Camilio Azzouz, co-consejero delegado de Amber Capital, fondo que a su vez es el mayor accionista del Grupo PRISA, editor de CincoDías y EL PAÍS.

Cabe recordar que en diciembre el consejo votó por unanimidad que la compra de EM&E “es coherente con la estrategia de Indra”, lo que significa que tanto Sapa como la SEPI votaron a favor. Sin embargo, entre medias tuvo lugar un hecho que ha golpeado al Gobierno: la denuncia de Santa Bárbara (filial española de la estadounidense General Dynamics) por los 3.002 millones de euros que el Gobierno ha dado en subvenciones a Indra y EM&E para desarrollar la futura artillería móvil del Ejército de Tierra, un proyecto por el que competía Santa Bárbara. El Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que pedía, como medida cautelar, suspender estas ayudas para un contrato que asciende a 7.240 millones de euros.

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