Pérdidas

El grupo Navantia pierde 51,6 millones hasta junio

El grupo naval Navantia cerró la primera mitad del año con unas pérdidas de 51,6 millones, a pesar de la buena facturación. La minera Hunosa, también dependiente de la SEPI, logró recortar sus pérdidas un 43,4%.

El grupo público de construcción naval Navantia sufrió unas pérdidas acumuladas netas de 51,63 millones de euros al cierre del primer semestre del año, según los últimos datos oficiales de la empresa.

En todo caso, en este periodo la evolución de la cifra de negocio de la compañía fue positiva y ascendió a 427,2 millones de euros, de los que 232,5 millones correspondieron a la actividad de construcción de las distintas plantas, 77,1 millones al negocio de reparaciones y 110,9 al de fabricaciones. Las ventas en el mercado nacional fueron de 249,7 millones, mientras que el resto correspondió a exportaciones (115,4 millones a países de la UE, 18,2 millones a países de la OCDE y 43,8 millones al resto).

Las contrataciones logradas en la primera mitad del año sumaron los 1.862 millones, que incluyeron dos contratos de patrulleros para Venezuela, dos cascos de quimiqueros para el grupo vigués Vulcano y dos buques de transporte ro-ro para Acciona Trasmediterránea. La cartera de pedidos ronda ya los 4.960 millones.

La empresa de construcción naval consiguió facturar 427,2 millones

Navantia se constituyó como tal el 1 de marzo de 2005, agrupando los activos de la construcción naval considerados rentables y que el Gobierno quiso salvar de la disolución de Izar. La empresa agrupa los centros de Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Cádiz que eran de Izar, más los servicios centrales de Madrid.

Los responsables del grupo consideran que podría entrar en beneficios en 2007 si se cumplen las expectativas de contratación, con un adelanto respecto a los objetivos iniciales. Sus centros cuentan con carga de trabajo hasta 2010, en los casos de Ferrol-Fene y San Fernando-Puerto Real, y hasta 2018, en el de Cartagena.

En cuanto a los cuatro centros que se mantienen en Izar, en liquidación y venta desde abril de 2005 (los astilleros de Gijón, Sestao y Sevilla, y la fábrica de motores de Manises), al cierre del primer semestre situaron sus pérdidas en los 77,2 millones, con una cifra de negocio de 49,6 millones (43,8 millones por la actividad de astillero y 5,5 millones por la de fabricaciones, principalmente). La plantilla era de 1.063 personas.

Hunosa, Efe y Cetarsa

Respecto a Hunosa, otra de las empresas emblemáticas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la minera pública logró reducir sus pérdidas un 43,4% a 30 de junio respecto a la primera mitad de 2005, situando sus números rojos en 13,2 millones.

El recorte fue posible por una reducción de la plantilla media de 590 personas, en el marco de los planes de prejubilación previstos. La producción de la minería subterránea cayó un 13,5%, hasta las 499.000 toneladas, y el absentismo se redujo un 9,8% gracias al menor número de accidentes.

En cuanto a otras empresas del holding, Efe cerró con 790.000 euros de pérdidas y la tabaquera Cetarsa, con 1,5 millones, frente al beneficio de 1,7 millones de 2005.

El acuerdo de Izar, en su recta final

El acuerdo sobre garantías laborales y sociales para los empleados de los centros de Izar privatizados y en liquidación (Gijón, Sevilla, Sestao y Manises) que negocian la SEPI y los sindicatos se firmará en breve, a falta de cerrar 'los últimos flecos', según explicaron fuentes conocedoras del proceso de negociación.

Esta semana no está prevista ninguna reunión para tratar el asunto, por lo que el documento se podría firmar la semana que viene o, más probablemente, la siguiente. En la práctica, los términos del pacto se ajustan al preacuerdo de mayo que rechazaron los trabajadores de Izar. La discrepancia principal se mantiene respecto a la posibilidad de crear una sociedad anónima que permita sinergias entre los cuatros centros una vez privatizados, y en la que participarían el capital riesgo del ICO y algunas cajas de ahorro. La SEPI rechaza ahora esta posibilidad, escudándose en los reparos que pone la Comisión Europea a la operación.