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Columna
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Chamartín se la juega el lunes

El próximo lunes está convocada la sesión del consejo rector del consorcio de tutela de la prolongación de la Castellana. El consorcio que llamamos de tutela reúne a todas las Administraciones públicas implicadas y puede adoptar en esa sesión algún pronunciamiento decisivo donde la ciudad de Madrid se juega la que parece ser su mayor apuesta de futuro, de desarrollo o de desastre, según salga cara o cruz. El orden del día sorprende porque a estas alturas de la soirée se propone debatir y aprobar en su caso el programa de actuaciones y los presupuestos para el ejercicio de 2006, ejercicio del que ya ha transcurrido en vacío, o al menos sin debate ni aprobación alguna, más de la mitad de su tiempo útil. Luego en el punto sexto figura el informe sobre la propuesta del Ministerio de Fomento sobre la introducción de nuevas cuestiones en el plan de reforma integral del proyecto de prolongación de la Castellana.

Es decir que se va a pasar por el consorcio el acuerdo parcial en el proyecto Chamartín que acaba de cerrar la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, resultado de una negociación bilateral con Duch, SA (Desarrollos Urbanísticos de Chamartín, Sociedad Anónima). Recordemos que Duch fue la adjudicataria resultante del concurso público convocado en la noche de los tiempos, cuando mandaba Borrell, para reutilizar los terrenos de Renfe y demás colindantes afectados. Desde entonces se acuñó el nombre de Operación Chamartín para referirse al resultado de aquel concurso. A partir de ahí sobrevino la paralización, los desencuentros entre Renfe, Duch y las distintas Administraciones implicadas -la del Estado, la de la Comunidad de Madrid y la del Ayuntamiento- que en teoría se sumaban en un consorcio de tutela. Pero esa parálisis facial fue compatible con la sigilosa duplicación de la superficie adjudicada a Duch sin que se convocara el preceptivo concurso público.

Al escamoteo del segundo concurso público más arriba mencionado y que hubiera sido legalmente necesario, se sumaban varios flagrantes incumplimientos denunciados de manera contundente en un informe irreprochable aportado en su día por los servicios de Renfe. El informe pugnaba por la resolución del contrato con Duch y sostenía la reclamación de 217 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. Entre sus alegaciones figuraba también el incumplimiento del plan de actuación así como de las obligaciones relativas a los reversionistas, que necesariamente afloran a partir del momento en que un terreno expropiado para fines públicos muy determinados se desafecta y pasa a servir de base al emprendimiento de negocios diversos.

Nadie ha explicado aún cómo se aunaron Argentaria, con un 78%, y Constructora San José, con un 22%, en Duch

Toda esta Operación Chamartín se configuraba cuando Mercé Sala, entonces presidenta de Renfe, descubría que debajo de la que se pensaba interminable ruina de la compañía ferroviaria y de su eterna condena al déficit había embalsado un emporio económico sobre la base de una moderna explotación inmobiliaria. Estábamos en aquel momento inaugural del enriqueceos que reconciliaba a los socialistas con el dinero y al mismo tiempo inducía grandes desconciertos.

Cundió la urgencia, que luego se instaló entre nosotros para siempre, de hacer caja, de hacer negocio, de hacer ciudad o más bien desafueros urbanísticos en busca del pelotazo fulgurante, de hacer infraestructuras ferroviarias con nueva estación incluida y de ser el asombro de Europa. Nadie explicó entonces ni aún lo ha hecho todavía cómo se aunaron Argentaria con un 78% y la agraciada Constructora San José con un 22% en la constitución de la sociedad Duch. Los galaicos de la Constructora San José parece que fueron sorprendidos en ese momento cantando lo que las niñas de anteriores épocas entonaban mientras jugaban al corro de la patata en el patio del colegio: 'Muchas gracias, jardinero,/ por el gusto que has tenido/ tantas niñas en el corro/ y a mí sola me has cogido'.

¿Qué quedará de los acuerdos cerrados entre la ministra de Fomento y Duch si han de pasar por el pasapuré del consorcio y si se les debe sumar la contingencia de que los tribunales tienen que pronunciarse sobre extremos decisivos capaces de acarrear consecuencias anegadoras, a la vuelta del verano? Veremos.

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