Un paso atrás en la relación industrial
No ha sido esta una buena semana para el desarrollo de unas relaciones industriales modernas. La resolución del conflicto laboral de Iberia, el plan de ajuste de Radio Televisión Española y el acuerdo de reforma de las pensiones configuran un marco completo, pero heterogéneo y contradictorio, del modelo de relaciones industriales que se practica en España. Mirados de forma aislada tienen interpretación diferente, y pueden incluso considerarse válidos. Pero todos juntos, o simplemente relacionados, constituyen un paso atrás.
El conflicto de los pilotos es tan viejo como la Iberia, pero la resolución intervencionista avalada por el Gobierno no lo es menos, pues es reflejo fiel de una época en la que la compañía aérea era pública y en la que todos los desencuentros se resolvían contra la caja común. Iberia es una empresa jurídicamente privada, por público que sea el servicio que presta, y privadas deben ser sus relaciones laborales.
El Ejecutivo debe garantizar la prestación de determinados servicios y preservar la imagen segura y competitiva del país, pero, si es posible, con la discreción del ausente. Su participación en la pacificación del conflicto ha cubierto su objetivo, generar tranquilidad en la ciudadanía, pero ha intervenido en un mercado liberalizado, en el que la abundancia de oferta y la competencia han demostrado que hasta las huelgas de pilotos ya no son lo que eran, porque no logran hacer el daño que hacían. En general, el conflicto ha transmitido la sensación de que los accionistas y los gestores de Iberia no han logrado desprenderse del burocrático y proteccionista proceder del pasado, con un compromiso laboral que, al menos en otras compañías similares, se ha demostrado insostenible a largo plazo.
En RTVE, el juicio es diferente. Pero el gesto es igualmente contraproducente si consideramos la sana intención del acuerdo de pensiones que pretende atajar la jubilación anticipada. Merece respaldo y crédito para el futuro de la televisión y la radio públicas que su gestor, por vez primera, haya puesto manos a la obra de recortar una plantilla sobredimensionada, y que lo haga en la cuantía (más del 40%) que lo hace. Seguramente RTVE conservará adiposidad laboral, teniendo en cuenta que el pacto con los sindicatos permite nuevas contrataciones; pero empieza a parecerse a una empresa de comunicación competitiva, que no debe ser diferente a las demás por muy público que sea su servicio y el presupuesto que la sostiene.
Sin embargo, no es un ejemplo para predicar si se garantiza a los 'despedidos' o 'prejubilados' una remuneración de hasta el 90% de los sueldos desde los 50 años hasta cumplir los 65. Y menos aún si en paralelo, tal como ocurrió ayer, el Gobierno ratifica un acuerdo para reformar las pensiones, en el que pone trabas al abandono recurrente de la actividad laboral a cargo del erario público, un mecanismo fabuloso de adelgazar con menor coste la factura laboral.
España arrastra resistencias a consolidar unas relaciones laborales modernas, en la que los afectados, empresas y sindicatos, tomen con autonomía las decisiones. La intervención pública debe limitarse a la defensa de la libertad de mercado, la competencia, la seguridad jurídica y los derechos del consumidor.