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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El capital privado y la obra pública

La financiación privada de infraestructuras gana cada vez más peso en nuestro país, al igual que ocurre en buena parte de los Estados desarrollados. Los últimos datos recopilados por la patronal de las grandes constructoras, Seopan, muestran cómo el 17% de toda la obra pública que se licita en nuestro país se financia por estos mecanismos, en los que la inversión corre por cuenta de promotores particulares aunque la titularidad de la infraestructura sigue siendo pública. Para recuperar la inversión y obtener el consiguiente margen de beneficio existen varias fórmulas, desde el peaje tradicional pagado por el usuario al pago diferido por parte de la Administración a través de cánones por tráfico o por mantenimiento de una determinada obra. Ese protagonismo privado es todavía más acusado en las autonomías, donde cerca del 30% de la inversión pública se financia mediante estos mecanismos.

Su penetración ha sido creciente en los últimos años y todo apunta a que esa tendencia se acentuará en el futuro, dadas las limitaciones fiscales de los Estados y las crecientes necesidades de movilidad en las sociedades modernas. De hecho, el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) que desarrolla el Gobierno prevé que el 20% de los más de 200.000 millones de euros en que está presupuestado provenga de la iniciativa privada. La propia Seopan ha propuesto al Ejecutivo sufragar hasta el 40% del PEIT mediante financiación privada.

Esta participación de la iniciativa privada ha permitido al Estado mejorar su dotación de equipamiento público y, al mismo tiempo, arrojar superávit presupuestario. Sin embargo, las Administraciones deberían tener presente que la cesión de la explotación de una obra a un privado debe evitar la discriminación de los ciudadanos, que deben contar con alternativas gratuitas, y asegurar prestaciones de calidad mediante el cumplimiento estricto de los contratos de concesión. Y, sobre todo, su contratación no debe hipotecar las finanzas públicas de las generaciones futuras.

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