España y Bolivia acuerdan iniciar negociaciones sobre la situación de Repsol
Los gobiernos de Bolivia y de España acordaron el viernes iniciar negociaciones sobre la situación de Repsol YPF tras la nacionalización de los hidrocarburos decretada por el Gobierno boliviano. Así lo anunció el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, que encabezó una delegación diplomática española, tras reunirse con el presidente de Bolivia, Evo Morales, en La Paz.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, había asegurado previamente que el Gobierno agotará 'hasta el límite máximo' las vías diplomáticas y políticas con Bolivia hasta encontrar una solución que 'proteja y respete' los intereses de las empresas españolas y que puedan 'satisfacer también' la decisión del Gobierno de Evo Morales de nacionalizar los hidrocarburos.
Por su parte, en una entrevista a la Cadena SER, el ministro de Planificación boliviano, Carlos Villegas, aseguró que la nacionalización no se extenderá a otros sectores productivos, cuyas empresas tienen 'plena seguridad jurídica'. En el caso de los hidrocarburos, el decreto de estatalización aprobado el 1 de mayo dependerá del Parlamento de Bolivia, que es donde se deben acometer las modificaciones del código de la minería. Ante la sorpresa que ha despertado el decreto de nacionalización, Villegas recordó que en sus visita oficial a España, Evo Morales ya lo había anunciado al Gobierno, la CEOE y Repsol. El ministro boliviano negó que la intención de su Gobierno haya sido la de 'fracturar o las relaciones bilaterales con España'.
En otro ámbito, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's considera que el decreto de nacionalización tiene un carácter 'fuertemente retórico', es inconcreto y dañará la capacidad del país para asumir créditos. Para esta firma, la medida es una 'evidencia de la inestabilidad política del país' y consolida sus bajos niveles de calificación. En su opinión, estas medias, consecuencias de las presiones sociales, reducen la capacidad de atraer inversiones.
Por otra parte, y respecto a Repsol, Fitch considera que el decreto de nacionalización no afecta a su rating, ya que no es una medida 'del todo inesperada' y ya se habían tomado las precauciones pertinentes en relación con las reservas de crudo.