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Tribuna
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Las opas sobre Endesa, ¿una cuestión de Estado?

Las valoraciones políticas realizadas acerca de las opas sobre Endesa son en general apriorísticas más que analíticas, apologéticas de una posición conocida y, por tanto, previsibles y de escaso interés. En las económicas sorprende a menudo la superficialidad del análisis, limitado a las consecuencias para el cliente o para el accionista. En cambio apenas se ha hablado de los efectos industriales y técnicos para la economía española y el mercado energético europeo, aspectos relevantes y determinantes de la política gubernamental. En este sentido, la primera constatación es que Europa no tiene un mercado energético único, no es probable que lo tenga a corto plazo y, en todo caso, no es seguro que fuera conveniente de inmediato.

La estructura energética europea hoy está constituida esencialmente por redes nacionales aún débilmente conectadas entre sí (la conexión de España con Europa sólo supone un 3% del consumo nacional). Los costes infraestructurales de una mayor interconexión y la estructura esencialmente nacional de las compañías generadoras y distribuidoras aseguran la pervivencia del modelo a corto y medio plazo. Además, la mayoría de Gobiernos nacionales apoyan una modificación del modelo lenta, progresiva, controlada y precedida por la creación de un organismo regulador europeo único.

En la situación actual -que no la futura-, con una regulación adecuada de precios y calidad del servicio, resulta irrelevante para el cliente quién ostente la propiedad de la compañía. En cambio, el hecho de que Endesa se integrara en un grupo de control español hace prever que su I+D, su ingeniería y su red de subcontratistas y proveedores serían mayoritariamente españoles, y esto sí es importante para nuestro tejido industrial y técnico. Parece claro también que para la alemana Eon buena parte del valor de Endesa reside en su papel como vehículo de penetración en el mercado sudamericano, donde ésta tiene importantes inversiones e intereses y hacia donde podría priorizar su estrategia futura, en detrimento del mercado español. Los riesgos de desatención de este mercado serían significativamente menores si el comprador fuera Gas Natural, dada su condición de compañía de capital y gestión mayoritariamente españoles.

Hay que ser leales con nuestros socios comunitarios, pero no más de lo que ellos lo son con nosotros

Se ha especulado también sobre la justificación legal de modificar las funciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que pueda analizar la opa de Eon antes de su autorización al mercado; modificación incuestionable, al margen de que resulte inoportuna y debería haberse realizado antes. Las cuestiones que pueden afectar al mercado energético y a su estructura y eficacia a nivel nacional deben ser estudiadas por el correspondiente organismo de análisis técnico y económico del Gobierno, en este caso la CNE.

En el ámbito europeo, la fusión de Gas Natural/Endesa podría dar lugar a una empresa financieramente sólida, con masa crítica y suministro energético de gas sobre todo del norte de África y de América del Sur, que supondría un factor de equilibrio y una alternativa respecto de las empresas alemanas, alimentadas por gas ruso a través de los gasoductos del este de Europa y del Báltico en construcción.

Ante el potencial peligro de que una única empresa pudiera llegar a controlar ambos mercados, sur y norte, y tal vez sus fuentes de suministro, parece lógico tratar de impedir que las fuerzas del mercado actúen con libertad absoluta, evitar posiciones dominantes prematuras y defender nuestros activos industriales y técnicos. El escenario no es ciertamente el mejor para España y ello probablemente ha movilizado las últimas decisiones tomadas por el Gobierno. Seamos leales con nuestros socios comunitarios, pero no más de lo que ellos lo son con nosotros.

En cualquier caso, es conveniente sacar conclusiones de la trayectoria de Eon en Alemania en los últimos años, su posición dominante y el apoyo gubernamental recibido. Es significativo y aleccionador que ex políticos de este país hayan pasado de reguladores a regulados, integrándose en la compañía privada sobre la que actuaron desde el Gobierno (un ex ministro y un ex secretario de Estado son hoy empleados de Eon), aprovechando que la ley alemana no exige esperar un periodo mínimo desde la salida de la política activa. Las fortalezas actuales de Eon no son únicamente consecuencia de su eficacia y eficiencia, de modo que mantener posiciones extremadamente puristas y legalistas en España es una ingenuidad que puede tener un coste alto y no se justifica en esta Europa aún imperfectamente integrada. Dicho esto, no hay duda que el accionista de Endesa no debe ser castigado, y que Gas Natural debería incrementar su oferta si quiere que ésta triunfe y tenga lógica comercial.

A estas alturas posiblemente no es muy aventurado plantear que el conflicto sólo puede resolverse a través de la negociación: con políticas de alianzas e intercambios de presencia en los respectivos mercados nacionales o asociados de las compañías competidoras, Gas Natural y Eon; o participaciones cruzadas o compartidas en Endesa que aseguraran, como en otros sectores, la simultaneidad de competencia y colaboración en mercados diferenciados. En asuntos de esta trascendencia, la política industrial y el apoyo de los Gobiernos pueden ser claves para la construcción de la Europa deseada a largo plazo. Pero estos planteamientos requieren anticipación, audacia y visión, y llevarlos a la práctica es difícil por ser innovadores.

En definitiva, parece lógico que el Gobierno sea pragmático, defienda un sector estratégico para el país y preserve la nacionalidad de sus empresas, cuya influencia es importante para la economía y el tejido industrial y técnico. Es importante saber diferenciar las razones de las excusas, y aún más que las empresas sepan jugar en el mercado real, que no es el ideal, contando con apoyos gubernamentales que todos los competidores utilizan y con las presiones políticas, sociales y económicas propias de la Europa de principios del siglo XXI. En 25 años estas circunstancias pueden ser diferentes, pero no conviene anticiparse con perjuicio para nuestros propios intereses.

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