Balance de dos años de gobierno socialista
El mes de junio, fecha prevista para la celebración del referéndum catalán, es observado por buena parte del Gobierno y del PSOE como uno de los horizontes temporales más ansiados, pues, si todo les encaja como está previsto, significará el paso de Cataluña a un segundo plano de la actualidad política. El largo debate del Estatuto, que penetró de lleno en la sociedad española tras su aprobación en el Parlamento catalán el pasado septiembre, provocó una seria erosión del PSOE en todas las encuestas de opinión hasta el punto de reflejar un empate técnico con el PP. La situación para el Gobierno ha vuelto a enderezarse después del alto el fuego permanente anunciado por ETA el pasado 22 de marzo, observado por todas las fuerzas políticas, a excepción del PP, como una oportunidad histórica para alcanzar la paz.
Si se observa con atención el programa electoral con el que José Luis Rodríguez Zapatero concurrió a las pasadas elecciones generales, no hay lugar para las sorpresas. Sin embargo, algunas de ellas tuvieron que ver más con el manejo de los tiempos. La más temprana llegó con la retirada de las tropas de Irak, percibida como un serio desaire por la administración estadounidense. Se produjo sólo dos días después de la toma de posesión del presidente y fue gestionada por el hasta la semana pasada ministro de Defensa, José Bono, dentro del cumplimiento estricto de las promesas hechas por el presidente durante la campaña electoral. La iniciativa ha sido un lastre todavía no superado para la relación con Estados Unidos, no así para el afianzamiento de los vínculos diplomáticos con países como Francia, vitales para España en el orden político y económico. No obstante, en el Gobierno se reconoce que la política exterior debería haber lucido más en este periodo.
Cuando el próximo domingo Zapatero conmemore en la plaza de Vista Alegre sus dos primeros años de Gobierno, tendrá, sobre todo, en la mente las oportunidades que se abren para alcanzar una paz definitiva en el País Vasco. æpermil;sta va a ser la auténtica prioridad para la segunda parte de la legislatura y en la que el presidente va a volcar gran parte de su esfuerzo. Para ello ha colocado en el timón del proceso a Alfredo Pérez Rubalcaba, un político curtido en mil batallas al que dentro del PSOE se le reconoce tanta experiencia como habilidad. Fue también quien condujo con inteligencia el debate del Estatuto catalán y el que hizo posible su encaje en la Constitución con el concurso decisivo de Convergència i Unió. La previsible superación de este listón en la consulta de junio permitirá, según las previsiones que hay en La Moncloa, que llegue con mayor sosiego al Congreso todo un rosario de reformas estatutarias que tomarán también como referente el consenso alcanzado en la comunidad valenciana entre los dos principales partidos. Ninguna de ellas renunciará a los espacios de autogobierno que tendrá la reforma catalana, ahora de trámite en el Senado, pero tampoco intentarán hacer de ella una fotocopia, pues hay algunos referentes, como la inversión en infraestructuras ligada a la aportación al PIB nacional, que serán modificados en función de los intereses de cada territorio.
Los comicios europeos, los vascos y los gallegos evidenciaron la tendencia a la baja del PP tras su derrota electoral del 14 de marzo
La nueva financiación autonómica
En la dirección del PSOE y de su grupo parlamentario reina el convencimiento de que este desfile de reformas territoriales que está por llegar desactivará, en buena medida, el discurso que ha ensayado Mariano Rajoy durante estos dos años al hilo de Cataluña. Y esto será así, razona un miembro de la Ejecutiva socialista, porque falta por negociar el nuevo modelo de financiación autonómica, asunto que suscita el máximo interés en las comunidades gobernadas por el PP, tanto o más que en las gobernadas por el PSOE. Así lo ve también el responsable de Economía del primer partido de la oposición, Miguel Arias Cañete, dispuesto a ofrecer al Gobierno un pacto de Estado que agilice el acuerdo.
Este debate neutraliza, en parte, la vinculación que durante estos últimos meses ha querido ver el PP entre el Estatuto catalán y el proceso de paz en el País Vasco. El máximo exponente de este discurso ha sido el ex ministro Jaime Mayor Oreja, desautorizado por el propio Rajoy tras el alto el fuego de ETA después del compromiso contraído por Zapatero de hacerle partícipe de la evolución del proceso de paz y de cuantas decisiones importantes vaya a adoptar el Gobierno al respecto.
Además del País Vasco, la otra prioridad de Zapatero en el segundo tiempo de esta legislatura va a descansar en el fomento de la política social del Gobierno. Los principales indicadores económicos gozan de buena salud y han hecho posible que el gasto social en estos dos primeros años de mandato haya crecido más de un 18%, hasta cubrir el 50,2% del total de los Presupuestos Generales del Estado. Con este precedente, Zapatero ha adquirido el compromiso de aportar 12.000 millones de euros entre 2007 y 2015 para financiar la ley de Dependencia, se ha comprometido también a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y a promover una ambiciosa política de vivienda que incluye la construcción de 60.000 nuevos pisos protegidos cada año destinados, sobre todo, a los jóvenes. Hasta ahora, en una actuación sin precedentes, el Gobierno ha cedido 7,5 millones de metros cuadrados de suelo del Estado para la construcción de vivienda protegida y equipamientos públicos.
Las elecciones europeas de junio de 2004 supusieron un primer test para el Gobierno y también para el PP tras la victoria electoral de Zapatero del 14 de marzo. En los comicios europeos, el PSOE sacó una diferencia de dos puntos porcentuales al PP, un resultado que vino a demostrar la debilidad del argumento de quienes durante todo este tiempo han ligado exclusivamente a los atentados del 11-M la victoria del PSOE en las legislativas. El balance posterior de las elecciones celebradas en el País Vasco y en Galicia, donde los socialistas recuperaron el segundo puesto y el gobierno de la comunidad, respectivamente, evidenció también la tendencia a la baja del Partido Popular.
Test municipal y autonómico
Ahora, buena parte de las miradas se dirigen también a las elecciones locales y autonómicas de mayo del año que viene, en las que las encuestas ponen al alcance del PSOE la recuperación de la comunidad de Madrid (uno de los espejos donde se va a reflejar la foto electoral) y Canarias.
Estos comicios resultarán también decisivos en el País Vasco, donde está previsto que concurra de nuevo la izquierda aberzale bajo otro nombre distinto al de Batasuna. El Gobierno espera que para entonces esté madura la negociación con ETA, una vez se haya verificado plenamente la vigencia del alto el fuego. Será el momento de profundizar en el diálogo político y de que cada formación ponga sobre la mesa su proyecto para el País Vasco. Es intención del Ejecutivo distanciar al máximo uno y otro proceso para que el resultado del segundo no se encuentre tutelado por los terroristas. En el Gobierno se tiene la sensación de que ha comenzado de verdad un segundo tiempo esperanzador que trasciende al interés puramente partidista.
Las principales reformas vigentes o en curso
Regularización masiva de inmigrantesMás de 700.000 inmigrantes sin papeles se acogieron en el primer año de legislatura al proceso de regularización promovido por el Ministerio de Trabajo dentro de una iniciativa sin precedentes por su amplitud que no obtuvo el respaldo del principal partido de la oposición. Se trata de puestos de trabajo que salieron de la economía sumergida y que, por lo tanto, se han visto reflejados en las cuentas con superávit de la Seguridad Social. En total, gracias a este proceso, hay 550.000 trabajadores inmigrantes más que cotizan y que como cualquier ciudadano han adquirido sus derechos y obligaciones.Gracias, en parte, a este proceso de regularización, en estos dos años se han creado en total más de 1,8 millones de puestos de trabajo, circunstancia que ha hecho descender la tasa de paro hasta el 8,7% de la población activa, la más baja en 28 años.La presión de los inmigrantes sobre la asistencia sanitaria ha obligado al Gobierno a aportar a las comunidades autónomas 3.000 millones de euros adicionales.Objetivo: 300.000 fumadores menos en dos añosLa del tabaco ha sido una ley controvertida donde las haya, respondida con singular dureza por la comunidad autónoma de Madrid. Con ella, el Ministerio de Sanidad se ha propuesto reducir en 300.000 el número de fumadores para conseguir que desciendan las enfermedades provocadas por esta adicción.La norma, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, impide fumar en el trabajo o en los lugares públicos donde no haya habilitada una zona para fumadores. Como consecuencia de la aplicación de esta ley, el Gobierno espera que se reduzca el gasto público en sanidad. De hecho, la sanidad pública estatal dejará de pagar el tratamiento para dejar de fumar, aunque haya comunidades autónomas que ofrezcan este servicio.Pese a que el precio de los fármacos ha descendido un 8% en estos dos años, Sanidad espera rebajas aun más ambiciosas gracias a la Ley del Medicamento.La Administración electrónica ahorrará 150 millonesEl Ministerio de Administraciones Públicas tiene ya muy avanzada la implantación de la administración electrónica para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información. El proyecto incluye la creación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El Gobierno calcula que con ello los españoles ahorrarán 23 millones de horas al año en sus gestiones y supondrá para el erario público un ahorro de 150 millones de euros.Dentro de este proyecto de modernización administrativa, se inscribe también la implantación del DNI electrónico con el que los ciudadanos, sin desplazarse, podrán inscribirse en una oposición, abonar tasas, operar con valores del Tesoro, gestionar sus impuestos, solicitar ayudas y subvenciones, pedir certificados de nacimiento o de matrimonio, obtener información sobre pensiones o sobre su vida laboral. Así hasta un total de 300 servicios que estarán en vigor a finales de este año.Equiparación de derechos entre gays y heterosexualesEl Ministerio de Justicia ha promovido la reforma del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, equiparando así los derechos de las parejas heterosexuales a un colectivo que antes tenía mermados sus derechos civiles. De esta forma, se han igualado por completo los derechos de gays y heterosexuales, La aprobación por el Congreso de las bodas entre personas del mismo sexo se enfrentó a la oposición del Partido Popular y de Unió Democrática de Cataluña. El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar frenar esta iniciativa.La reforma legislativa permitirá también la adopción por parte de parejas homosexuales. Dentro del reconocimiento de los derechos civiles, el Gobierno también ha aprobado la ley de Violencia de Género, de forma que las mujeres maltratadas ya pueden acudir a cerca de medio millar de juzgados específicos repartidos por toda la geografía nacional.Una Ley de Igualdad polémica para las empresasAntes de que finalice el año estará aprobada en el Congreso la Ley de Igualdad, cuyo objetivo es promover desde un punto de vista integral todas aquellas medidas encaminadas a erradicar la discriminación y los prejuicios de género en todos los ámbitos de la vida social. En la norma se reconoce el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral y por primera vez se crea el permiso de paternidad para facilitar la corresponsabilidad de los padres en la crianza de los hijos.El proyecto de ley establece que las listas electorales serán paritarias en las grandes ciudades de forma que en las diferentes candidaturas que se presenten ningún sexo esté representado por encima del 60% ni por debajo del 40%. El proyecto incluye otras iniciativas más polémicas encaminadas a erradicar la discriminación de las mujeres, sobre todo, en el ámbito laboral. Cuando la norma entre en vigor, las empresas deberán incluir medidas de igualdad que podrán afectar, incluso, a sus consejos de administración.