Fin de trayecto en Aerolíneas Argentinas
Según han publicado los medios en los últimos días, el Tribunal de Cuentas ha aprobado recientemente el informe de fiscalización de las operaciones realizadas por el sector público español en relación con la sociedad Aerolíneas Argentinas (ARSA), y lo ha remitido al Parlamento para su conocimiento y valoración. Se escribe así el epílogo a una novela que nunca debió empezarse a escribir, pues el inicio de la aventura española en la citada compañía fue ideológicamente contracultural y estuvo empresarialmente mal concebida. La conjunción de ambos factores hizo inevitable el resultado ruinoso de la inversión.
En efecto, la entrada de capital público español en 1990 en la compañía de bandera argentina fue una decisión a contracorriente de la política seguida en el entorno de la Unión Europea, en la que todos los países -incluida España- habían iniciado la reducción de su sector público empresarial mediante los procesos de privatizaciones. En nuestro caso, en los años 1986 a 1990 se habían privatizado más de 40 sociedades -entre otras, Olcesa, Entursa, Seat o Viajes Marsans-. Pues bien, cuando la cultura era privatizar, el INI actuó contraculturalmente y decidió aumentar el sector público español. Además eligió invertir en una sociedad de considerable dimensión -más de 7.000 empleados-, extranjera, y que era la compañía de bandera de un país situado a 12 horas de vuelo.
Pero es que adicionalmente la operación estuvo mal concebida desde la perspectiva empresarial. La compañía elegida estaba plagada de problemas -financieros, laborales, estructurales...- y operaba en un sector inmenso en una grave crisis -consecuencia de la guerra del Golfo-. Los análisis que sustentaron la decisión apostaban por la rápida superación de la crisis sectorial -por el contrario, se prolongó en el tiempo-, preveían que la inversión sería la palanca para el desarrollo rápido y exitoso de Iberia en el mercado latinoamericano -no fue así- y pronosticaban que individualmente ARSA entraría en beneficios a partir de 1992 -realmente nunca salió de las pérdidas-. En la misma dirección, según refleja el informe del Tribunal de Cuentas, la adquisición se hizo con sobrecoste de la inversión -precio pagado- y sin establecer las garantías necesarias y habituales para cubrir posibles incidencias posteriores -especialmente el incumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades argentinas-.
En definitiva, aunque las leyendas urbanas atribuyen el origen de la operación a la buena amistad de Felipe González con Raúl Alfonsín, lo cierto es que la decisión adoptada en 1990 por el consejo de administración del INI resultó dramática para los intereses de España. Desde el primer desembolso -20 millones de dólares-, la presencia española en ARSA ha transcurrido marcada por la sucesión de constantes aportaciones de fondos públicos en paralelo a un desprestigio de la imagen institucional de España como país.
Los intentos de invertir la situación han sido múltiples, de diversa naturaleza, con diferentes equipos gestores y con distintos Gobiernos, sin conseguir frenar el carrusel permanente de nuevas aportaciones de capital público español así como el aumento del nivel de riesgo asumido en forma de avales y préstamos. A la inversión inicial le siguió la decisión de aumentar nuestra presencia y participación prevista en el Plan Estratégico de Iberia para 1992-1996. Su rápido fracaso determinó que ya en 1994 se suscribieran nuevos acuerdos con el Gobierno argentino, y la sustitución en 1995 de aquél por un nuevo Plan de Medidas. En 1996 se constituyó la sociedad Andes Holding para asumir la participación accionarial española en ARSA en un nuevo esfuerzo de reflotarla. En 1997 se alcanzó un acuerdo con American Airlines para que tomara una participación minoritaria de la sociedad y asumiera su gestión. En 2000 se pactó su salida asumiendo la gestión la propia SEPI que elaboró un plan director que fue rechazado por los sindicatos
Todos los intentos fracasaron contra la tozuda realidad de ARSA, siendo constante la aportación de nuevos recursos por parte del accionista. Puede pretenderse que individualmente cada uno de los planes y estrategias intentados fueron equivocados, pero la lógica invita a pensar que todos ellos fueron víctimas cautivas del error inicial.
Y visto con perspectiva temporal, las consecuencias para España no han podido ser más negativas. Junto al conjunto indeseado de intangibles en términos de conflictos y desprestigio, el informe del Tribunal de Cuentas cifra el coste económico soportado en 2.500 millones de dólares. De éstos, 1.200 se corresponden con el periodo 1990-1996, 600 con el periodo 1996-2001, y los 700 restantes se reflejan en la operación de venta como consecuencia de las pérdidas y pasivos generados desde 1990.
Transcurridos casi cinco años desde la privatización de Aerolíneas Argentinas puede constatarse que al menos en la venta sí se ha logrado alcanzar los objetivos perseguidos: 1) evitar la liquidación de la compañía y sus correspondientes costes en dinero y en imagen-país; 2) trasladar la responsabilidad de la gestión empresarial al ámbito privado, y 3) poner fin a la sangría de fondos públicos españoles.