Penúltimo tren de la reforma fiscal
La reforma fiscal aprobada con el diseño de Fernández Ordóñez (Miguel Ángel), y que entra ya en tramitación parlamentaria, consolida el modelo del Impuesto sobre la Renta puesto en marcha por Fernández Ordóñez (Francisco, hermano mayor y ministro de Hacienda de Suárez). Si la primera pretendía la creación de un impuesto universal que sustentase un Estado con gastos crecientes, la última lo perfecciona y lo coloca en un contexto en el que la fiscalidad directa deja espacio a la indirecta.
En la última oportunidad para introducir modificaciones a los cambios aprobados tanto en IRPF como en Sociedades, ejercicio al que Hacienda está obligada por la simple circunstancia política de gobernar con mayoría negociada, el Gobierno debe procesar las señales que proceden de los contribuyentes. Y debe cambiar todas aquellas cuestiones que beneficien en el medio y largo plazo a la actividad económica, como la exención de beneficios y plusvalías de sociedades reinvertidas, y obviar las destinadas a buscar el rédito inmediato de los administrados.
La neutralidad fiscal del tratamiento del ahorro, concepto de difícil medición e imposible consecución, no debe ser una obsesión del Gobierno. No debe maniatar las libres decisiones de los ahorradores, si tal libertad devenga en el futuro más actividad económica y, por lógica, más recursos para la hacienda. Nadie ha hecho batalla de la elevación del tipo aplicable a las rentas del capital (depósitos, plusvalías, dividendos). Pero tiene sentido hacerla para distinguir entre ahorro de largo plazo y el de maduración rápida o especulativa.
No debe olvidarse que la gran mayoría de las demandas de los últimos días son interesadas. La industria financiera, la más activa de todas, pretende retocar la nueva normativa hasta dejarla como estaba antes, para mantener y ampliar el perímetro de su negocio, amparándose en la ventaja para el ahorrador. Pero los impuestos están para financiar con esfuerzo equitativo las necesidades públicas, y no para fomentar negocios. El Gobierno debe garantizar ese equilibrio.