Bruselas pide explicaciones a España por dar más poder a la CNE
España se convirtió ayer, después de Francia y Polonia, en el tercer país de la UE que recibe un toque de atención desde Bruselas por haber adoptado medidas presuntamente proteccionistas en las últimas semanas. La Comisión Europea ha pedido por escrito al Gobierno español explicaciones sobre la ampliación de las competencias de la Comisión Nacional de Energía, pues teme 'que esa medida suponga un obstáculo a la libre circulación de capitales'.
Hacia las cinco de la tarde del viernes, un funcionario de la dirección general de Mercado Interior de la Comisión Europea pulsó en su correo electrónico 'enviar'. El mensaje, destinado a la embajada española ante la Unión Europea, contenía todo un desafío contra el real decreto aprobado el 24 de febrero por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para añadir a las competencias de la Comisión Nacional de Energía la supervisión de opas lanzadas por firmas extranjeras.
'Desde el punto de vista de la Comisión, la nueva norma podría crear obstáculos a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento en España de nacionales de otros Estados miembros', explicó ayer el portavoz del comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy.
Bruselas dice actuar 'preocupada por la reacción de las autoridades ante la oferta de Eon por Endesa'. Y reclama al Gobierno una respuesta urgente a la batería de preguntas enviadas. Bruselas ha aprovechado el envío para interrogar también al Gobierno sobre su voluntad de acatar la sentencia del Tribunal europeo que anuló en 2003 las acciones de oro en Endesa, Telefónica, Repsol, Tabacalera y Argentaria.
La Comisión teme que la nueva norma atente contra la libre circulación de capitales
España dispone de 10 días hábiles para responder a una misiva que ayer fue enviada también por vía postal. El plazo tan perentorio obedece 'a la urgencia del asunto', explica la Comisión. 'Además, el cuestionario no es demasiado largo'.
Los cuatro folios plantean, de entrada, cuál es la justificación del Gobierno para no poder defender el interés público con medidas menos restrictivas. Bruselas también pide las razones para defender una autorización ex ante del tipo de operaciones como la planteada por Eon.
McCreevy se interesa, además, por los criterios que se aplicaron para la autorización de la opa de Gas Natural por Endesa. Y pregunta: '¿Cómo pueden las autoridades españolas garantizar que la aplicación del Decreto Ley no tendrá como resultado un tratamiento discriminatorio hacia otros competidores?'.
El equipo de McCreevy destaca que 'la carta no supone todavía el inicio de un procedimiento de infracción' y apunta la posibilidad de que 'la respuesta española satisfaga nuestra curiosidad y disipe nuestras dudas'. Pero el mero hecho de haberla enviado coloca a España en el punto de mira de la Comisión, en un momento en que Bruselas extrema la vigilancia sobre las reacciones proteccionistas que percibe en varios Estados miembros.
La semana pasada, McCreevy pidió explicaciones a Francia sobre su presunta intervención para frustrar una potencial opa de la compañía energética italiana Enel sobre la francesa Suez. Y mañana, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, exigirá a Varsovia que no interfiera en la opa del banco italiano Unicredito sobre el alemán Hypovereinsbank (operación que otorga a la entidad italiana el control de una gran parte del mercado financiero polaco).
En el caso español, la misiva de McCreevy cuestiona una reforma de la Ley de Hidrocarburos que somete a autorización por parte de la CNE cualquier inversión en ese sector y no, como hasta ahora, las procedentes de empresas que ya operan en actividades reguladas en España.
'La función original de la CNE era pronunciarse sobre un cambio en la estructura del mercado', señala un analista comunitario. 'Ahora puede dictaminar también sobre un simple cambio de propiedad en una de las empresas del sector'.
McCreevy cree que con esa ampliación de competencias el Gobierno logra, deliberadamente o no, que el sector energético español 'sea, como mínimo, menos atractivo' para el inversor extranjero y, en casos extremos, puede 'impedir la entrada.
El Ejecutivo asegura estar 'completamente tranquilo'
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que el Ejecutivo está 'completamente tranquilo' con las decisiones adoptadas en el sector de la energía ya que, aseguró, ha actuado 'con criterios de legalidad y en interés de los ciudadanos'.Destacó que la petición que ha recibido el Gobierno por parte de la Comisión Europea para que le informe sobre los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en relación con el sector de la energía es un procedimiento 'habitual' que entra dentro de la 'absoluta normalidad'.El Ejecutivo, insistió, 'va a actuar atendiendo al interés de los consumidores españoles, de las empresas españolas en un sector estratégico como la energía y atendiendo a la conveniencia de tener un sector energético potente en España', que garantice el suministro de un servicio de calidad a los ciudadanos.Por otro lado, la Comisión Europea que preside José Manuel Barroso publicará mañana un Libro Verde sobre la política energética que, en las últimas horas, ha recibido un potente barniz ecológico. El último borrador del texto con el que Bruselas pretendía reabrir el debate sobre la energía nuclear ha sido objeto de intensas negociaciones en el seno de la CE.Al final, la propuesta se dirige sólo 'a los Estados miembros que deseen seguir esa opción (nuclear)'.