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La batalla energética

Kroes verificará si el Gobierno invade sus competencias exclusivas en la opa

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, verificará si la CNE se excede en sus atribuciones cuando aplique la nueva normativa española a la opa de Eon sobre Endesa. Kroes puede ordenar la suspensión de cualquier condición que considere desproporcionada o que no responde al interés público.

La Comisión Europea mantiene una doble vigilancia sobre el real decreto ley aprobado por el Gobierno la pasada semana para ampliar los poderes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). El titular de Mercado Interior, Charlie McCreevy, está verificando si esa reforma legal contraviene las normas europeas sobre libre circulación de capitales. Pero el principal antídoto contra cualquier tentación de utilizar los poderes de la CNE para frenar la entrada de Eon en el mercado energético español no está a disposición de McCreevy sino de Neelie Kroes.

A diferencia de su colega irlandés, que necesitaría un larguísimo procedimiento administrativo y judicial para cuestionar la norma española, la comisaria europea de Competencia puede paralizar de manera casi inmediata una interpretación abusiva de la regulación nacional. El artículo 21 le confiere competencias exclusivas sobre todas las operaciones de dimensión comunitaria (como la opa de Eon) y, por tanto, la capacidad de actuar contra cualquier acción gubernamental o reguladora que considere una invasión de la jurisdicción comunitaria.

Su predecesor en el cargo, Mario Monti, fue el primero en utilizar ese instrumento para que Lisboa no impidiese al Banco de Santander Central Hispano comprar el 40% del grupo financiero portugués Champalimaud. Kroes anunció el viernes que también está dispuesta a blandirlo, en este caso contra los obstáculos que Varsovia, a juicio de la CE, está poniendo a las operaciones del banco italiano Unicredito en el mercado polaco. España puede ser la siguiente en la lista.

El freno ilegal de una opa permite a una empresa pedir daños y perjuicios

'Nosotros no podemos atacar el real decreto, pero sí su aplicación', advierten fuentes del departamento de Kroes. 'Cualquier obstáculo que no responda a las excepciones previstas en el artículo 21 seguridad pública, en este caso provocará nuestra intervención'.

Bruselas puede tomar una Decisión con efectos inmediatos contra un país que invoque unilateralmente el 'interés general' para frenar una fusión. Fuentes comunitarias añaden que 'las empresas que se hayan sentido perjudicadas pueden pedir daños y perjuicios al Gobierno de turno acogiéndose a esa Decisión comunitaria'.

Nadie parece haber llegado tan lejos y el precedente más virulento que se recuerda es el enfrentamiento entre Bruselas y Lisboa en 1999. La CE llegó a pedir al Tribunal de Justicia europeo la suspensión cautelar de las medidas del Gobierno portugués contra la entidad de Emilio Botín.

Monti hizo alarde entonces de una extraordinaria agilidad en su reacción ante un Gobierno que atribuía su veto a los riesgos de la inversión española para 'la gestión sana y prudente del grupo Champalimaud'. Bruselas aplicó un procedimiento acelerado que, en sólo do meses, acabó ante el Tribunal.

El ministro portugués de Finanzas claudicó finalmente, si bien es cierto que el BSCH tuvo que renunciar a la operación inicial y limitarse a comprar al grupo Champalimaud los bancos Totta i Açores y el de Crédito Prédial.

Francia

La actual Comisión, presidida por José Manuel Barroso, está aún más debilitada que la de 1999. La dirección general de Competencia ha perdido vigor tras varias derrotas en el Tribunal de Justicia. Y Kroes no se ha ganado aún la credibilidad de predecesores, Karel Van Miert o el propio Monti.

Aún así, Bruselas empezó el viernes su particular ofensiva contra los últimos arrebatos proteccionistas que cree haber detectado en Francia y Polonia. Bruselas espera invocar la semana que viene el artículo 21 contra Varsovia. Y ha pedido explicaciones a París sobre la sucesión de acontecimientos que llevaron a la fusión de Gaz de France y Suez. Bruselas teme que, tal y como ha denunciado Enel, el Gobierno de Jacques Chirac se interpusiera ilegalmente en la tentativa de la eléctrica italiana por hacerse con el control de Suez.

La CE dictaminará sobre la nueva norma antes del día 8

El portavoz comunitario de Mercado Interior indicó el viernes que la Comisión Europea se pronunciará 'en un futuro muy próximo' sobre la compatibilidad de las nuevas funciones de la Comisión Nacional de Energía con la normativa comunitaria. La misma fuente señaló que el veredicto comunitario podría producirse antes del próximo día 8.Bruselas puede imponer un expediente disciplinario contra España si considera que el decreto ley aprobado hace una semana viola las normas sobre libre circulación de capitales. El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, también ultima una denuncia ante el Tribunal de la UE contra la llamada ley Rato, que permite al Gobierno limitar los derechos de voto de un inversor extranjero en el sector energético.

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