La CE crea una 'etiqueta' para empresas seguras
Bruselas franqueará el paso a las mercancías de las compañías que blinden sus instalaciones. La CE presentó ayer una 'etiqueta de seguridad europea' que agilizará los trámites de las empresas que obtengan ese certificado.
Las compañías que cumplan estrictos requisitos de seguridad podrán beneficiarse de una etiqueta europea que eximirá a sus mercancías de los controles antiterroristas en aduanas, estaciones o puertos. La Comisión Europea presentó ayer este nuevo programa destinado a agilizar los trámites de los envíos de 'varios millones de empresas europeas'.
Bruselas calcula que la inversión necesaria para obtener el certificado puede oscilar entre los 50 millones de euros para una pequeña empresa y los 300 millones para una multinacional. A eso se añadiría un coste anual de 39 y 304 millones de euros respectivamente para mantener las condiciones exigidas por el certificado.
La Comisión cree que el esfuerzo merecerá la pena porque permitirá a las empresas beneficiarse de un 'tratamiento acelerado' en todos los controles de seguridad, tanto en territorio comunitario como en las fronteras exteriores de la UE. Las compañías calificadas como 'operador seguro', según la CE, obtendrán además 'una mejora de imagen cuyo valor comercial resulta imposible de medir'.
'Estas normas convierten a la UE en el primer área comercial del mundo que dota a su transporte de mercancías de una dimensión de total seguridad', señaló ayer el comisario europeo de Transportes, Jacques Barrot.
La obtención de la etiqueta será voluntaria, pero el equipo de Barrot calcula que 'varios cientos de miles de empresas la solicitarán en los primeros cinco años'.
Para conseguirla deberán demostrar, en su función de su posición en la cadena de distribución y transporte, que cumplen condiciones como el blindaje total de sus instalaciones, la localización permanente de todos los envíos o la formación continúa de su personal.
El proyecto de reglamento comunitario, una vez aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo europeo, obligará a los Estados miembros a designar un órgano de verificación sobre las normas de seguridad aplicadas en las empresas aspirantes al privilegiado certificado. La factura para el erario público, en ese caso, puede ascender a 2.700 millones en toda la UE (unos 240 millones en España), si no externalizan ese servicio.