La batalla energética

El Gobierno despliega una batería legal para bloquear la opa de Eon

El Gobierno desveló finalmente el viernes las dos armas que usará para tratar de frenar la opa de Eon sobre Endesa. Por un lado, un decreto ley que obliga a que la oferta pase por el filtro de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y, por otro, la posibilidad de limitar los derechos políticos de la alemana en la eléctrica española amparándose en una disposición de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2000 (conocida como ley Rato).

La primera medida se articula mediante una nueva redacción de la función 14 de la CNE, por la que hasta ahora la Comisión sólo debía autorizar la toma de participaciones por parte de empresas con actividades reguladas en España (lo que excluía la opa lanzada por Eon) sobre otra sociedad.

Con el nuevo decreto ley, el Ejecutivo da un paso más y hace obligatorio el visto bueno del regulador para, por un lado, cualquier operación corporativa que lancen empresas con actividades reguladas 'o sujetas a una intervención administrativa' y, por otro, cualquier operación que suponga una toma de participación superior al 10% o que conceda 'influencia significativa' sobre estas empresas. La nueva norma también especifica a qué tipo de compañías se refiere: las que operen centrales nucleares, o centrales de carbón de especial relevancia para el Plan del Carbón o que actúen en el servicio energético de Baleares y Canarias o que desarrollen actividades de almacenamiento de gas o de transporte gasista por gasoductos internacionales con destino España. Estas actividades se incluyen también en una nueva definición de lo que se considerarán 'activos estratégicos' para el suministro energético.

La CNE podrá vetar o condicionar una operación de este tipo si detecta riesgos significativos sobre cualquiera de estas actividades; por cualquier otra causa de seguridad pública, en particular, para garantizar el suministro energético y las inversiones necesarias para su servicio; y para 'proteger el interés general en el sector energético definido por el Gobierno' y los objetivos de la política sectorial, en especial en lo tocante a esos activos 'estratégicos'. Fuentes del Ejecutivo dieron a entender que esta causa ('interés general') es a la que probablemente se pueda acoger la CNE para tomar una decisión sobre la opa de Eon.

ENDESA 19,98 0,73%

La disposición transitoria deja claro que la norma será de aplicación para cualquier operación de este tipo pendiente de ejecución. La nueva redacción de la función 14, sin embargo, no afecta a la opa de Gas Natural, que ha pasado el trámite.

El Gobierno justifica la 'extrema y urgente' necesidad de esta reforma, y su tramitación vía decreto ley, 'puesto que existen o pueden existir operaciones en curso o previsibles de profundo calado con efectos que pueden resultar de difícil e imposible corrección' en el sector energético. Tras el Consejo de Ministros, el responsable de Industria, José Montilla, negó que la norma se haya hecho ad hoc para frenar a Eon y aseguró que no supone restricciones a la libre competencia y que respeta la legislación europea. A su juicio, solventa deficiencias para lograr una simetría regulatoria con países del entorno. El Gobierno asegura que la nueva norma tiene similitudes con la existente en Bélgica.

Reunión de Bernotat con Miranda

Montilla recordó otra posibilidad que el Gobierno considera es de aplicación en este caso, al hilo de la disposición Rato, que permite limitar los derechos políticos en las energéticas españolas a empresas extranjeras 'controladas en cualquier forma' por entidades o Administraciones públicas. El ministro subrayó que las prerrogativas que mantiene el Gobierno alemán sobre Eon a través de Ruhrgas por un periodo de 10 años permiten aplicar esta disposición, pudiendo limitar los derechos de la alemana 'a un 5%' si se hiciera con Endesa.

El ministro advirtió de que la CNMV debería actuar si se confirma que Endesa colaboró con Eon en el diseño de la operación. El máximo ejecutivo de la alemana, Wulf Bernotat, reconoció en una entrevista que la opa se preparó a conciencia y que la primera reunión con el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, tuvo lugar el 1 de diciembre.

Bruselas llevará la 'ley Rato' ante los tribunales

El portavoz de Competencia de la Comisión Europea, Jonathan Todd, avanzó el viernes que las autoridades comunitarias llevarán la llamada ley Rato al Tribunal de Luxemburgo, probablemente el mismo mes que viene, informa Bernardo de Miguel. En todo caso, el Tribunal tardaría como mínimo un año en tomar una decisión. El Ejecutivo español argumenta que hay mecanismos similares en otros países de Europa que podrían respaldar su posición.

Todd recordó que la legislación europea sólo contempla tres casos concretos en materia de competencia para que un Estado pueda vetar una operación empresarial de dimensión comunitaria: razones de prudencia financiera, efectos sobre la pluralidad de los medios de comunicación o consecuencias sobre la seguridad pública. Fuera de estos casos, el Ejecutivo español debería apelar al interés público, lo que tendría que ser argumentado y notificado a Bruselas, que tendría 25 días para evaluar la decisión.

Tras el Consejo de Ministros, el titular de Industria, José Montilla, se limitó a insistir en que todas las decisiones del Gobierno se ajustan a la legalidad comunitaria y que, en todo caso, atenderán a las solicitudes de la Comisión Europea cuando ésta las traslade de forma oficial.