Mandato moral para las empresas
El permiso de paternidad será, casi con toda seguridad, el único nuevo derecho reconocido expresamente en la Ley de Igualdad. El resto de las medidas propuestas por el Ejecutivo quedarán como meras sugerencias, de manera que cada empresa tendrá libertad para incorporarlas o no en sus respectivos convenios colectivos. Los sindicatos consideran insuficiente esta fórmula e insisten en que sólo incluyendo todas las medidas como derecho en la nueva ley éstas verán la luz en las empresas. Sin embargo, hay muchas compañías que tendrían enormes dificultades para implantar, de la noche a la mañana, ambiciosos planes de igualdad, horarios más flexibles y sistemas paritarios en sus áreas de responsabilidad.
Es muy importante que el Ejecutivo haya puesto el foco en aspectos como la igualdad en la empresa y la conciliación de la vida personal y laboral, lanzando un mensaje claro a las empresas de que éstos son asuntos que considera prioritarios. De igual manera que son importantes los códigos de buen gobierno corporativo, aunque incluyan sólo recomendaciones cuyo cumplimiento es voluntario. En uno y otro caso, hay un nítido mandato moral que tarde o temprano termina por convertirse en ley.
En esta ley, el Ejecutivo está marcando las directrices de hacia dónde considera que deben ir las cosas en materia de igualdad en el empleo. Unas directrices que seguramente se sentirán obligadas a cumplir, más pronto que tarde, todas las grandes compañías cotizadas. De ahí a su extensión paulatina al resto de los convenios hay sólo un paso. Resulta por ello bastante razonable que el Ejecutivo haya atendido las inquietudes de la patronal, permitiendo a las empresas que vayan incorporando estas medidas conforme estén en condiciones de hacerlo. Sólo si se detecta una desafección absoluta de las empresas respecto a la nueva norma estaría justificado ir más allá en materia reguladora. Eso es algo que tendremos ocasión de verificar cuando empiecen a negociarse los nuevos convenios, y es de esperar que no suceda.