El Gobierno crea un comité de alto nivel para decidir sobre la opa
El Gobierno ha creado un grupo horizontal de trabajo en el que participan altos cargos de Moncloa, Economía e Industria, cuyo cometido será establecer las condiciones que se impondrán a la opa de Gas Natural y motivarla jurídicamente para evitar sorpresas ante el Tribunal Supremo. Las condiciones irán en línea con las propuestas de la Comisión de la Energía, aunque no faltan partidarios de endurecerlas para que sea defendible políticamente.
Tras la decisión del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) de oponerse a la opa sobre Endesa y el posterior apoyo a la operación por parte del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, despejando las dudas sobre una posible retirada por parte del Ejecutivo, éste ha puesto manos a la obra para elaborar un dictamen favorable a la operación con condiciones. Para ello, según varias fuentes consultadas, se ha creado un grupo o comité de alto nivel en el que participan el director de la oficina Económica de Presidencia, Miguel Sebastián; el secretario de Estado de Economía, David Vegara y el secretario general de la Energía, Antonio Fernández Segura. Frente al apoyo explícito de Moncloa y las críticas del ministro de Industria, José Montilla, en el sector sorprende aún el silencio de Economía tras el dictamen del TDC.
Fuentes cercanas al Gobierno atribuyen a estos departamentos ministeriales una visión diferente sobre la opa, con un mayor distanciamiento por parte del Ministerio de Economía, 'aunque también sea partidario de aprobar la operación'. De hecho, con la idea final de la autorización, este tripartito tiene como cometido el desarrollo de las condiciones que se impondrán y que seguirán la pauta de las propuestas del informe de la Comisión de la Energía, según las mismas fuentes. æpermil;stas añaden que, aunque el grupo integrado por Sebastián, Vegara y Fernández Segura no tiene carácter formal, entre ellos mantienen contactos regulares. 'Algo normal, teniendo en cuenta que el Gobierno es un órgano colegiado y que la redacción del dictamen que se lleve al Consejo de Ministros será muy laboriosa', indican.
Ante esta ardua tarea, todo apunta a que el Gobierno agotará el plazo legal para emitir un dictamen (el próximo 3 de febrero), pese a su primera intención expresada en su día de acelerar la decisión. Y es que el rechazo a la opa por parte del TDC obligará al Ejecutivo a motivar jurídicamente su desvinculación total del dictamen del tribunal de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo. æpermil;ste impone al Gobierno que justifique por qué se aparta de las recomendaciones del órgano de la competencia.
Sebastián, Vegara y Fernández Segura mantienen contactos regulares
En este sentido, fuentes jurídicas recuerdan que las citadas sentencias del Supremo (relativas a las respectivas fusiones de Prosegur y Sogecable) son favorables a la concentración empresarial (también lo sería, por tanto, a la de Gas Natural) y se pronuncian contra la posición más restrictiva del Gobierno. Otro de los argumentos del Supremo que asumen los partidarios de la opa (la propia CNE en su dictamen) es que no se debe aprovechar la operación 'para mejorar la situación de competencia anterior a la misma, sino para restablecer la existente en ese momento'. También recuerdan, al respecto, que 'las condiciones deben ser proporcionales a la operación'.
Fuentes del Gobierno señalan que el análisis de partida se basará en las condiciones propuestas por la CNE, 'por su mayor seguridad jurídica', aunque hay sectores partidarios de endurecerlas para neutralizar las críticas sobre una operación 'fuertemente politizada'. El Ejecutivo tiene también en cuenta la posibilidad de que el Tribunal de la UE imponga medidas cautelares a la opa tras analizar el recurso presentado por Endesa contra la decisión de la CE de remitirla a España.
Las propuestas de la CNE servirán como pauta
La CNE consideró en su correspondiente informe que los efectos de la concentración Gas Natural-Endesa sobre la competencia pueden paliarse con las siguientes condiciones:AprovisionamientoSubastar las cantidades del contrato de Gas Natural con Argelia (6,5 bcm/año) que excedan del consumo del mercado a tarifa a comercializadoras ajenas a la nueva compañía. Habrá un precio mínimo de salida que debe cubrir los costes y los excedentes económicos se destinarán a reducir la tarifa. Estos supondría, de facto, dejar a GN sin las ventajas del contrato del MagrebCeder al mercado los contratos de aprovisionamiento de Endesa (venta de la filial Carboex).Generación eléctricaDesinversión de 4.300 MW de potencia (en ningún caso, a Iberdrola). Los activos deben estar en la península; al menos 400 MW, estarán ubicados en Cataluña y Andalucía; será tecnología retirable; con una vida útil de más de 10 años y deben estar en funcionamiento, no en proyecto. La CNE no impone el método de la subasta, pero sí un calendario para vender los activos: al menos, 1.600 MW en 2006 (la potencia instalada por Gas Natural) y el resto en los tres años siguientes.Comercialización y distribución No se debe permitir la superposición de redes mientras no se logre la independencia total de la distribución (actividad regulada) del resto de actividades. Mientras tanto, la CNE propone dos opciones:1.- No comercializar luz o gas en las zonas donde haya solapamiento de redes mientras no se reduzca la cuota hasta el 50%; venta de 1.500.000 puntos de suministro de gas y separación funcional entre distribución y comercialización.2.-En las comunidades donde haya monopolio se garantizará la existencia de dos distribuidores adicionales de gas y luz: Gas Natural no podrá tener más de un 60% de cuota y las redes que venda deben ocupar un 40% de esos territorios.OtrasVenta de las participaciones en las regasificadoras de Sagunto (20%) y Reganosa 21%) a favor de Enagás, y de las que tiene en Naturcorp y Gas Natural Álava.