Contratos estrictos

La futura ley de contratación pública incluirá un tipo de contrato específico para obras en cuya financiación participe el sector privado. El Ejecutivo quiere que quede perfectamente delimitado qué riesgos asume el inversor privado y cuáles el sector público. Además, la Administración que recurra a alguna fórmula de colaboración público-privada deberá demostrar con antelación que el modelo elegido es el más ventajoso no sólo en términos económicos, sino también en aspectos como los plazos de ejecución y la eficacia del proyecto. El Gobierno intenta con ello reforzar el control sobre un tipo de contratación utilizado cada vez más por las Administraciones públicas para poner en marcha todo tipo de proyectos de infraestructuras. Se trata, básicamente, de establecer con claridad cuáles son las reglas del juego. Algo que debería redundar en beneficio de la creciente, y necesaria, cooperación público-privada.