Contra el blanqueo
El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el ârgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), que será la instancia a la que los notarios estarán obligados a comunicar las operaciones societarias o entre particulares sospechosas de encubrir operaciones de lavado de dinero negro. La medida trata de movilizar a este colectivo en la represión de los movimientos de capitales de origen ilícito, que según algunas estimaciones mueven a nivel mundial una cifra equivalente al 5% del PIB global.
Desde la aprobación de la Ley de julio de 2003 sobre Movimientos de Capitales, están obligados a comunicar operaciones sospechosas de blanqueo distintos colectivos profesionales, desde los auditores, contables, asesores fiscales, abogados o procuradores a los joyeros, anticuarios o responsables. Estaban incluidas las casi 3.000 notarías existentes en España, pero faltaba el instrumento que centralizara las denuncias y permitiera poner en marcha las investigaciones. El acuerdo de ayer termina con este vacío.
La operación Ballena Blanca, que el pasado marzo destapó una gran red de blanqueo que operaba en la Costa del Sol con participación de bufetes de abogados y notarios, algunos detenidos y puestos en libertad bajo fianza, destapó la necesidad de la existencia de este mecanismo de control de información. Hay pocos casos en que los profesionales puedan acogerse al secreto profesional y no revelar información. En el caso de los notarios, como ha recordado su organización colegial, la norma les convierte en 'sujeto obligado' a colaborar con las autoridades, lo que implica examinar de modo cuidadoso operaciones complejas, inusuales o sin un propósito aparente.
La lucha contra el blanqueo de capitales debe ser cosa de todos y no sólo de la policía. Sobre todo en un país que vive una frenética actividad inmobiliaria, donde hace años que se ha instalado la delincuencia organizada y donde, por desgracia, ha anidado también el terrorismo internacional.