El pozo negro de las subvenciones
El sector español del carbón depende de las subvenciones. Y su futuro, como en toda la UE, se enfrenta a las teorías propuestas por dos escuelas diferentes: cerrar toda explotación no rentable (la gran mayoría de ellas) o mantener cierta producción estratégica, aunque haya que subvencionarla. Hoy gana peso esta última, pero Bruselas sólo admite ayudas si van dirigidas a reducir la producción.
A falta de los detalles, que debe concretar la mesa negociadora, las bases del acuerdo sobre el Plan del Carbón 2006-2012 suscrito ayer entre el Gobierno y los sindicatos va por la vía correcta en sus grandes rasgos: rebajar la producción de las actuales 12,1 millones de toneladas a 9,2 millones, recortar la plantilla hasta 5.800 trabajadores (hoy es de casi 8.700 empleados) y compromiso para dinamizar la economía de las comarcas afectadas. Un punto que requiere más explicación es que 'las ayudas se vinculen a la producción y sean compatibles con la estabilidad razonable de las empresas mineras'. Hay antecedentes que aconsejan rigor absoluto en controlar este tipo de subvenciones. No sería la primera vez que el dinero público acaba pagando escombros al alto precio del carbón subvencionado.
El pacto asegura paz social. Pero no hay que engañarse. Probablemente lo hace sólo a cambio de que los mineros sigan disfrutando de prejubilaciones generalizadas a los 52 años equivalentes (es decir, a los 41 o 42 años reales, tras aplicar los coeficientes reductores por dureza y riesgo). El Gobierno intenta frenar las prejubilaciones y quería que nadie se jubilase antes de los 45 años. Esa era la gran batalla por la que los mineros salieron a la calle y cortaron carreteras y vías férreas.
El pacto, con ser bueno, también lleva un sello perverso que le resta credibilidad: es uno más que se basa en un inadmisible chantaje al Gobierno sobre la cabeza de los ciudadanos. Hace un mes fueron los transportistas con Fomento, después los pescadores con Agricultura y, ahora, la minería del carbón. Alguien puede llegar a pensar, y debe evitarse a toda costa, que la violencia y la conculcación de derechos de otros ciudadanos son una forma eficaz de negociar subvenciones.