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Inmobiliario

El Gobierno descarta la expropiación de pisos vacíos

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, negó ayer que el Gobierno se plantee expropiar las viviendas vacías que existen en España. Para reducir el número de pisos desocupados, la Administración central seguirá incentivando a los propietarios para que pongan sus inmuebles en alquiler.

El Gobierno central descarta ejecutar expropiaciones de viviendas desocupadas para frenar la especulación inmobiliaria. 'Este gobierno no expropia ni expropiará los pisos vacíos', aseguró ayer la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, tras la inauguración oficial del salón inmobiliario Barcelona Meeting Point. La futura ley de suelo sí que contempla la expropiación de suelo, una medida que ya han puesto en práctica algunas comunidades autónomas, como la madrileña. La Generalitat de Cataluña ha sido la primera en plantear en el borrador de su futura ley del Derecho a la Vivienda la posibilidad de forzar al propietario a vender su piso si éste permanece durante un largo periodo de tiempo sin ocupar.

En España existen más de tres millones de viviendas vacías, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística relativos a 2001. 'Una economía como la española no puede permitirse tener estos activos improductivos', reconoció en su discurso inaugural Trujillo. El mecanismo que propone la ministra de vivienda para acabar con los pisos vacíos es incentivar a sus propietarios para que las pongan en alquiler, 'a través de ayudas o bien ofreciéndoles garantías de cobro de la renta a través de la Sociedad Pública de alquiler'. Otros miembros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se mostraron también contrarios a la expropiación de pisos. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, apuntó que 'el Ejecutivo lleva una línea totalmente contraria a esto. Queremos, más bien, potenciar los derechos de los propietarios para fomentar la puesta en alquiler de más pisos', informa Bernardo Díaz. 'El vicepresidente Rato, en el anterior gobierno del PP, abrió la vía de poner impuestos a las casas vacías; una vía que, en mi opinión, es totalmente equivocada', añadió Ordóñez, en referencia a la posibilidad de penalizar fiscalmente en el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a los propietarios con viviendas desocupadas, como se estipula en la ley de haciendas locales. Miguel Sebastián, director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, animó a no confundir el término 'vivienda' con 'suelo' en las referencias legales.

Trujillo recordó que el ministerio es 'muy sensible' a los problemas de utilización abusiva del territorio y de acceso a una vivienda digna y apuntó que han movilizado seis millones de metros cuadrados de suelo público para construir 30.000 viviendas y dos millones de euros para equipamientos públicos.

Los promotores rechazan la ley catalana

La medida de obligar a los propietarios de pisos desocupados a vender su inmueble, contemplada en el borrador de la futura Ley de Suelo catalana cuenta con el rechazo del sector inmobiliario. El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Barcelona (APCB), Enric Reyna, calificó ayer de 'inconstitucional' e 'intervencionista' el texto. Reyna aseguró que 'nos preocupa el carácter imperativo de la expropiación' de los pisos desocupados. En su opinión, 'una cosa es buscar soluciones para las viviendas que están vacías y otra bien distinta es crear alarma social'. El consejero de Medio Ambiente y Vivienda catalán, Salvador Milà, explicó que la posible venta forzosa de pisos es 'una anécdota entre la batería de medidas'. Milà recordó que la Constitución consagra el derecho a una vivienda digna, por lo que el marco del borrador de la ley 'es la Constitución y el interés general'. Aunque el consejero dijo que el término expropiación no aparece en la ley, el artículo 6 del título preliminar del borrador asegura que la incorporación de un piso desocupado al registro de viviendas que no cumplen la función social 'lleva implícitamente la declaración de utilidad pública y faculta a la administración para su expropiación'.

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