La financiación, lo más relevante
La reforma del Estatuto catalán. El documento aprobado mayoritariamente por el Parlament, que ya ha iniciado su andadura en las Cortes, se ha convertido en clave de bóveda de la política nacional. Los representantes de los partidos más votados en Cataluña y en el resto de España explican sus posiciones sobre el texto
La financiación es, sin duda, uno de los capítulos más relevantes de la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña que fue aprobada por el Parlamento catalán el pasado 30 de septiembre. Por ello, ahora que ha llegado la hora de su debate en el Congreso de los Diputados, es el momento de que el PSOE fije su posición de partida en este tema.
Lo primero que hay que decir es que los socialistas mantenemos un absoluto respeto por un texto estatutario que ha contado con el respaldo del 90% de los parlamentarios catalanes. Dicho esto, tengo que recordar también que los Estatutos son leyes orgánicas que aprueban las Cortes Generales y que, por tanto, son estas últimas las encargadas de perfilar su redacción definitiva. Frente al tremendismo del PP, el PSOE cree firmemente en la fortaleza democrática de este país, en la capacidad de diálogo de los distintos partidos y en la madurez política de los españoles. Por ello nuestra estrategia es bien sencilla: apostamos por cumplir las reglas de juego y por respetar los procedimientos establecidos.
El Gobierno planteó hace algunos meses que las reformas deben contar con el máximo consenso político y social, ajustarse a la Constitución española y garantizar el interés general. La primera de estas condiciones se ha cumplido, y el PSOE garantiza que se cumplirán las dos restantes en la tramitación parlamentaria del Estatuto.
A falta de un análisis más pormenorizado del capítulo de financiación del texto catalán, me gustaría fijar con claridad algunos criterios generales. El primero es que, tal y como planteamos en nuestro programa electoral, el PSOE considera que el modelo de financiación autonómico debe estar caracterizado por la autonomía financiera de las comunidades autónomas, la solidaridad entre todos los españoles y el equilibrio territorial. Igualmente creemos en la necesidad de crear espacios fiscales propios en las distintas comunidades, esto es, establecer un conjunto de tributos propios donde los Gobiernos autonómicos tengan amplia capacidad normativa para mejorar la financiación de todas ellas.
Sin embargo, consideramos que los cambios en el modelo de financiación deben realizarse en los organismos multilaterales existentes, es decir, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y no a través de las reformas estatutarias. Ninguna comunidad del régimen general puede decidir unilateralmente sobre el modelo que afecta al conjunto de territorios, y por tanto, las decisiones sobre cambios en la estructura de tributos estatales son competencia del Estado.
Respecto a la Agencia Tributaria autonómica, nuestra posición inicial es que estamos de acuerdo en que se avance en la descentralización, en la línea que comentábamos anteriormente, pero garantizando las competencias que tiene la Agencia Tributaria del Estado y la necesidad de que ambas trabajen de manera coordinada.
De igual manera tenemos que introducir mejoras para garantizar que la solidaridad entre territorios no dependa de la voluntad de una comunidad respecto al resto. Por ello, aunque todo el mundo tiene derecho a reflexionar y proponer cambios sobre cómo funcionan los mecanismos de solidaridad entre el Estado y la totalidad de comunidades, no menos cierto es que el texto de un Estatuto no es el lugar adecuado para pronunciarse sobre ello, ya que existe un organismo como es el CPFF.
Por tanto, desde el máximo respeto a la voluntad del Parlamento de Cataluña, el PSOE y su Grupo Parlamentario en el Congreso van a negociar y dialogar con el resto de fuerzas políticas para garantizar que el texto se ajuste a la Constitución y a los intereses generales de todo el país. En materia de financiación eso debe traducirse en acordar un texto estatutario que fortalezca la autonomía financiera de Cataluña, pero sin entrar en consideraciones concretas de un modelo de financiación general que debe fijarse de común acuerdo con todas las autonomías en las instituciones previstas para ello. El objetivo final es garantizar la solidaridad, el equilibrio territorial y la suficiencia financiera de las comunidades para la prestación de sus servicios públicos.